(JAVIER MARTIN / EFE)
Distintos sectores de la política chilena evidenciaron este lunes sus diferencias sobre la nueva propuesta de carta magna elaborada por el Consejo Constitucional y entregada este lunes al presidente, Gabriel Boric, de la mano de la presidenta del órgano, la ultraderechista Beatriz Hevia.
Al finalizar la ceremonia, sobria y muy protocolar, Yerko Ljubetic, consejero de Convergencia Social, el partido del presidente, declaró sentirse “muy confiado” de que la ciudadanía vote “en contra” en el plebiscito de salida.
Ljubetic criticó el discurso de Hevia durante el acto y lamentó que “se abanderase" con una posición y que "rompiera la tradición con los presidentes".
"Nos habló de una propuesta que no es la que conocemos, esta es una propuesta que no une, que no se hace cargo de demandas de ciudadanía”, agregó.
El hasta hoy vicepresidente del Consejo Constitucional, el socialista Aldo Valle, afirmó, por su parte, que “esta Constitución no se encarga de fortalecer el Estado para asumir, por ejemplo, las tareas propias de un Estado social y democrático de derecho”.
"Tienen la pretensión de limitar al Estado en sus capacidades fiscales (…) tienen el propósito de segmentar la sociedad chilena sobre la base de privatizar el currículum escolar, es decir, contribuir menos a la cohesión simbólica y cultural en el país”, añadió.
"Pena", por si se rechaza
Hasta ahora, las principales fuerzas del oficialismo como el Partido Comunista, la coalición de izquierda Frente Amplio, a la que pertenece Boric, y el Partido Socialista ya anunciaron que votarán en contra del nuevo articulado. Para esta tarde se espera la decisión de la Democracia Cristiana.
La consejera de la derecha Gloria Hutt expresó que el texto "mejora todas las condiciones (de las personas) respecto a la Constitución que tenemos actualmente”, y dijo sentir “pena” ante la posibilidad de que la propuesta sea rechazada en el plebiscito del 17 de diciembre, tal y como pronostican todas las encuestas.
Uno de los argumentos de la derecha tradicional de Chile Vamos y la ultraderecha del Partido Republicano para votar a favor, pasa por lograr el cierre del proceso constitucional.
Sin embargo, el consejero de ultraderecha Luis Silva apuntó que, en caso de producirse un segundo fracaso, “no es grave porque seguirá vigente la Constitución de 1980”, en referencia al texto instaurado durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), cuestionada por su legitimidad de origen.
ARTÍCULOS POLÉMICOS
Mientras los defensores del nuevo texto aseguran que su aprobación garantiza “libertad” y “seguridad” y da “certezas económicas y jurídicas” a Chile, los opositores del texto dicen que perpetúa el modelo neoliberal y supone “retrocesos” en materia de derechos.
Entre los artículos más polémicos destacan "el derecho a la vida de quien está por nacer" -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-; la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados, o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
La izquierda tampoco está conforme con cómo ha quedado consagrado el Estado social de derecho, una de sus aspiraciones históricas, y denuncia que hay artículos que perpetúan el actual Estado subsidiario y "vacían" el concepto, como los que blindan constitucionalmente el sistema privado de salud o el criticado modelo de pensiones de capitalización individual.
La propuesta fue aprobada hace una semana por la extrema derecha del Partido Republicano (22 escaños de 50) y la coalición de la derecha tradicional Chile Vamos (11 escaños) y rechazada por los 17 consejeros de la izquierda oficialista.