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El mercado de explosivos caseros o improvisados en manos del crimen organizado creció exponencialmente en México, y prueba de ello es que en los últimos 652 días, es decir en todo 2022 y lo que va de 2023 hasta el 14 de octubre, el Ejército Mexicano ha asegurado en flagrancia un promedio de cuatro bombas artesanales por día.
En los últimos dos años y 10 meses, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han decomisado 2 mil 608 explosivos caseros o improvisados y este 2023 se perfila para ser el año en el que más artefactos se han incautado a la delincuencia organizada.
De enero al 14 de octubre de 2023, los estados donde se ha incautado el mayor número de explosivos improvisados son Michoacán, con 645; Jalisco, 225; Zacatecas, 143; Guanajuato, 65; Guerrero, 62; Aguascalientes, 40, y Durango, 30.
En 2022, los estados que ocupan los primeros lugares son: Michoacán, con 466; Chihuahua, 334; Chiapas, 192; Guanajuato, 166; Sonora, 66; Tamaulipas, 64, y Jalisco documenta 50, refieren estadísticas de la dependencia proporcionadas a EL UNIVERSAL, en respuesta a una solicitud de información.
En un documento del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) titulado "Fenómenos socio-organizativos" se expone asimismo que los artefactos explosivos improvisados (AEI) suelen ser fabricados con distintos diseños, mecanismos y tipos de cargas explosivas.
Detalla que para evitar que sean detectados se les mimetiza con el lugar donde serán colocados y sus componentes son un contenedor que transporta y mimetiza el AEI, o bien que se usa para generar la combustión. En tanto, la carga principal o carga base consiste en explosivos militares, comerciales o caseros.
La fuente de poder puede ser química, eléctrica o mecánica. En el caso del detonador o iniciador, es convencional o eléctrico y, por último, el dispositivo o mecanismo de disparo depende de la capacidad del fabricante.
El 18 de junio de este año cuatro elementos de Sedena que realizaban labores de patrullaje resultaron heridos al pasar su vehículo sobre una mina en Apatzingán, Michoacán. Los uniformados fueron canalizados al servicio médico de la 43 Zona Militar.
Expertos explican que uno de los mayores problemas en México en este ámbito es la falta de registro de las ventas de material sensible que podría usarse para los explosivos.
Además, a los gobiernos estatales y municipales les falta conocimiento para identificar posibles talleres de fabricación de este tipo de dispositivos improvisados.
Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad nacional, señala que cualquier persona sin identificación puede comprar 50 kilos de fertilizante, diesel y otras sustancias químicas para generar nitrato de amonio, como el que se usó para volar el edificio federal de Oklahoma, Estados Unidos, en 1995.
El experto certificado como investigador postexplosión por el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) destaca que este organismo está haciendo en México un esfuerzo para capacitar a personal tanto federal como estatal en la materia.
"El primer contacto son los policías municipales, los cuales para ciertos temas quedan olvidados… es triste ver cómo otro país se preocupa por lo que pasa aquí en México en lugar de hacer un frente común en este tipo de temas, que mucho afectan a la sociedad y la integridad física de los policías, como ahora que se han usado UAVs [drones] o minas antipersonales, que lesionan o privan de la vida a elementos policiales o militares", afirma.
Hidalgo Montes indica que los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa cuentan con especialistas en explosivos y remarca que con ellos incluso pueden destruir inmuebles; muchas combinaciones se utilizan para las minas terrestres, detalla.
"Las granadas, por ejemplo, que avientan con drones son de tipo convencional, que llegan a la delincuencia elaboradas con explosivos robados… pueden estallar por presión, como un dispositivo mecánico, o por radiofrecuencia, con un dispositivo electrónico", asevera.
Precisa que los fabricantes están entrenados y pueden ser expertos químicos o exmilitares.
Yuriria Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, comenta que cada entidad federativa enfrenta una circunstancia distinta, pues, por ejemplo, Michoacán y Jalisco encabezan la lista de más explosivos asegurados.
"Observamos el empleo de drones para lanzar explosivos en comunidades como La Ruana, Michoacán, en contra de productores de limón. Tenemos evidencia de que se ataca a la sociedad y también se usan para enfrentar a los elementos castrenses"
"Quien más emplea estos artefactos es el CJNG y al mismo tiempo utilizan drones para lanzar estos explosivos de forma remota", puntualiza.