Urge nueva ley que garantice el derecho humano al agua y priorice el caudal ecológico y el cuidado y restauración de los acuíferos.
Diputados federales y senadores clausuraron los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones y prácticamente se despidieron sin avanzar en la expedición de una Ley General de Aguas, con lo que refrendan la omisión en que se ha incurrido por más de una década, pese al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de legislar al respecto.
La sustitución de la Ley de Aguas Nacionales se mantiene en la "congeladora" desde 2013, cuando venció el plazo de un año para expedir una nueva ley, en cumplimiento a las reformas constitucionales que un año antes (1992) reconocieron el acceso, disposición y saneamiento del agua como un derecho humano.
El expresidente Felipe Calderón ordenó entonces la emisión de una Ley General de Aguas en los siguientes 360 días; diez años después, se promovieron controversias constitucionales por las que en 2022, la SCJN determinó la omisión de los congresistas y ordenó la expedición de dicha legislación.
En el curso de la LXV Legislatura, que concluirá sus funciones el 31 de agosto próximo, surgieron diversas iniciativas que se quedaron en el tintero, como la que se presentó en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, pero en la que no alcanzó el tiempo para llegar a acuerdos con instancias del gobierno federal como la Comisión Nacional del Agua y la Semarnat.
Otra fue presentada por Gina Campuzano, del grupo parlamentario del PAN, para modificar algunos artículos de la ley vigente, que tampoco prosperó. En el Senado también se hicieron propuestas que ni siquiera fueron objeto de discusión.
Organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han resaltado la urgencia de que se tomen acciones para evitar una crisis hídrica en los próximos años y décadas, siendo la modernización de la legislación el primer eslabón para adaptarla a la nueva realidad.
INDIGNACIÓN
Elizabeth Estrada Macías, de la Contraloría Ciudadana del Agua consideró que la grave omisión de las Cámaras de Diputados y Senadores en torno a la promulgación de la Ley General de Aguas, produce indignación y molestia.
Refirió que a pesar de que desde febrero de 2020 hay una iniciativa ciudadana que se presentó ante ambas cámaras por el organismo Agua para Todos, Agua para la Vida, y sobre la que se realizaron más de 300 foros y se reunieron casi 200 mil firmas en todo el país que la avalaron, los legisladores siguen siendo omisos a la sociedad y la Corte.
Ante la grave crisis hídrica que aqueja a gran parte del país, urge una nueva ley que garantice el derecho humano al agua y priorice el caudal ecológico y el cuidado y restauración de los acuíferos, indicó, pues actualmente la norma oficial NOM 011 de la Conagua, que mide la disponibilidad media anual del subsuelo y recarga, es errónea.
Ricardo Peláez Mora, de la Red de Innovación del Agua y Recursos Ambientales (RIARA) consideró que la ley vigente ofrece algunas ventajas, pero debe adaptarse a las condiciones actuales, dado que su estructura original es desde hace 32 años.
Entre las ventajas que contempla, destacan los instrumentos de participación, como los consejos de cuenca, aunque estas figuras solamente tienen características consultivas. En este caso, dijo, se debería legislar en una actualización, para que dichos consejos sean órganos de decisión.
Refirió que la legislación hídrica es sumamente compleja y requiere de atención y la intervención de especialistas en el tema, aspecto que no fue impulsado por los legisladores en funciones, pese a que el agua es de vital importancia.
"Esperamos que la próxima legislatura haga el esfuerzo y trabaje en el tema, ante la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia en el uso de este recurso", indicó.
