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Ni Alejandro Irarragorri ni Grupo Orlegi están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por una presunta defraudación por 17 millones 69 mil 865 pesos.
Así lo ha aclarado Juan Delgado, quien es el director de comunicación de Grupo Orlegi, apuntando que la información que dio a conocer Grupo Reforma no involucra directamente a Alejandro Irarragorri, ya que él no está siendo investigado, sino únicamente el club lagunero que, de acuerdo a lo revelado por dicho medio, se trata de un caso que tiene su origen en una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que presuntamente acusa omisión de pago de impuestos sobre la renta (IRS) de salarios a jugadores de enero a julio de 2017, y que la denuncia tiene como antecedente una investigación que en el 2022 inició la PFF, organismo de la Secretaría de Hacienda, sobre un pago de 54 millones 22 mil 620 pesos que el club hizo a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, con un dinero que salió del Fideicomiso Número 111592-6, constituido en aquel año por el club en Banamex, y que los pagos fueron a los técnicos José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, y a jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Oswaldo Sánchez, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Furch, entre otros.
La investigación que afecta únicamente a Club Santos sigue siendo un tema a resolverse en los tribunales administrativos, por lo tanto no existe una acción penal.
Tampoco se puede hablar de una desafiliación del Club Santos Laguna de la Liga Mexicana de Futbol porque no existe una sentencia fiscal, y de haberla, tendría que llevarse un proceso dentro de la propia liga para determinarse alguna acción, en donde no tiene nada que ver el Atlas FC ni ningún otro equipo de Grupo Orlegi.
Santos, insiste en su rechazo a la interpretación de la información que se publicó el pasado 6 de mayo, por hacerla parecer un tema de acción penal en contra del club y sus representantes, ya que viola su principio de presunción de inocencia pues, hasta ahora, no han sido informados que exista un proceso fiscal penal en su contra.