Empresas fantasma no han desaparecido, presentan estudio

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las empresas fantasma siguen tan presentes como antes. Desde los primeros meses de la actual administración hay contratos públicos a este tipo de compañías y su uso ha sido constante, al punto que también han formado parte de los escándalos más grandes de corrupción del sexenio, como es el caso de los desvíos de presupuesto dedicado a la alimentación de las personas más pobres, en el caso de Segalmex.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el despacho Pérez de Acha Ibarra de Rueda (PAIR) presentaron el estudio "Las empresas fantasma en México: Una propuesta de política pública para combatirlas".

María Amparo Casar y Luis Pérez de Acha, titulares de ambas organizaciones, junto a Raúl Olmos, director de periodismo de MCCI y Sergio López Ayllón, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dieron un extenso análisis sobre el uso de empresas fantasma y cómo combatirlas.

Se indicó que la preocupación por las empresas fantasma es justificada, pues es un esquema tristemente conocido que fue ampliamente utilizado y denunciado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en episodios como los de La Estafa Maestra o la Operación Safiro, en los que miles de millones de pesos de los mexicanos fueron desviados.

Tanto el gobierno como las compañías privadas utilizan empresas fantasma para desviar recursos públicos y evadir impuestos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha combatido este fenómeno identificando y publicando Empresas Fantasmas en listas "negras", pero su proliferación persiste, involucrando a múltiples actores privados y gubernamentales en un entramado de corrupción estructural en redes. La complejidad de las redes de corrupción alrededor de las empresas fantasma dificulta el rastreo de los beneficiarios finales de estos actos delictivos no solo en México sino a nivel internacional.

El estudio propone una visión de política pública que tiene como finalidad reducir la incidencia de las empresas fantasma en la evasión fiscal y, de manera secundaria o derivada, limitar su uso en actividades de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, así como proporcionar mejor información a las autoridades responsables de combatirlo.

Las propuestas específicas se engloban en fortalecer las capacidades de revisión y sanción de las autoridades encargadas de la generación o validación de información, detección, investigación y persecución de las conductas asociadas con las empresas fantasma; reformar la normatividad en materia de contrataciones públicas y uso de recursos federales, y fortalecer la participación del sistema financiero en el combate.

El estudio concluye señalando con claridad las resistencias naturales y los efectos indeseables que una política de Estado en contra de las empresas fantasma puede generar. Es por ello que se señala que, para ser exitosa, conviene que la conducción de la política esté coordinada por los niveles jerárquicos más altos posibles y que se establezcan responsabilidades y calendarios de ejecución claros, transparentes y evaluables por los mecanismos internos y externos de supervisión, cuestión que, hoy en día, no sucede.

Los presentadores concluyeron expresando su deseo que esta propuesta ayude a que la estrategia anticorrupción del gobierno, sin importar el partido, realmente ataque este problema, que hoy sigue aquejando a la sociedad mexicana.