En el 2021, en Tabasco el 94.4 por ciento de los crímenes de jurisdicción estatal no fueron denunciados. La ciudadanía no tiene esperanza de que sirva de algo. De las escasas carpetas de investigación que sí fueron iniciadas, sólo en 3.2 por ciento hubo vinculados a proceso. (https://bit.ly/3JpQsKN).
Tabasco ha sido la entidad con mayor crecimiento económico en este sexenio, pero en su capital, Villahermosa, la percepción de inseguridad ha pasado de 69.5 por ciento en diciembre de 2023 a 74.2 en marzo de este año. Está en el lugar 19 de inseguridad de las 90 ciudades de la encuesta que elabora INEGI.
Pero el gobierno federal se concentra en culpar al Poder Judicial federal. El miércoles, la secretaria de Gobernación dijo que si la Suprema Corte declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, se liberaría a 68 mil criminales. Esto es falso: la declaración de inconstitucionalidad llevaría a revisar sus procesos, no a liberarlos.
Es revelador que un gobierno que se vanagloria de ser de izquierda defienda la prisión preventiva oficiosa. Esta figura es contraria a la justicia: se mete a la cárcel al acusado mientras espera su juicio. Afecta más a quienes menos tienen. Según el INEGI, el 39 por ciento de quienes están en la cárcel no ha sido condenado, la mitad son mujeres y casi el 30 por ciento lleva 2 años o más esperando su sentencia. La propuesta del ministro Jorge Pardo que se va a discutir en la Corte propone que la prisión preventiva oficiosa no sea automática. Una propuesta que pretende alinear a México con los países democráticos, en donde a los presuntos culpables sólo se les encarcela si son peligrosos o hay riesgo de fuga.
Con la reforma de justicia penal de Calderón del 2008 se redujeron los estándares para iniciar un procedimiento penal, pero a cambio se dijo que la prisión preventiva oficiosa sólo sería para algo realmente grave, como la delincuencia organizada. Para apaciguar a una sociedad harta del crimen, este catálogo ha ido creciendo. El gobierno de AMLO heredó seis delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos con armas de fuego. Hoy hay 12 más, incluido robo a casa habitación.
Este gobierno que ha adoptado el lema de "prohibido prohibir" quiere a la gente en la cárcel sin juicio. Bueno, AMLO dijo antier que "la cárcel es dura cuando se comete un delito; cuando no, moralmente fortalece".
También desea a un Presidente que pueda perdonar a quien le dé la gana. Esta semana se aprobó en el Senado una reforma a la Ley de Amnistía que le permitiría indultar a criminales que aporten información relevante a una causa significativa para el Estado. Si ya los testigos protegidos pueden incriminar con relativa facilidad a un presunto culpable, con la promesa de libertad veremos todo tipo de negociaciones para acusar a terceros en crímenes de interés político.
¿Por qué ahora, a semanas de la elección, está Morena impulsando ésta y una reforma para limitar la Ley de Amparo? Una hipótesis es el temor de perder el control del Congreso. Hay que dejarlo planchado ya. Si esta fuera la razón, estaría también en riesgo su candidata y la implicación sería darle este poder a su adversaria.
Creo más bien que ante una Suprema Corte que exhibe su independencia, el actual gobierno no quiere dejar pasar un segundo más sin los mecanismos de control para cerrar el sexenio con todo el poder posible. Espera además que si su candidata gana, podrá nombrar a la cuarta ministra leal en la Suprema Corte. Así, cualquier ley abiertamente inconstitucional no podrá ser desterrada del orden jurídico.
Eso es lo que verdaderamente está en juego en la elección del 2 de junio. La obsesión de Morena ha sido concentrar el poder, aunque el crimen siga reinando y la gran mayoría de los delitos que sufrimos los mexicanos queden impunes.
@carloselizondom
ÁTICO
Ante una Corte independiente, el gobierno quiere más mecanismos de control para cerrar el sexenio con todo el poder posible.