servirá para acordar la inversión directa de capital de producción para que reinicie sus labores la metalúrgica. (SERGIO A. RODRÍGUEZ)
Aunque el Juzgado Primero de Distrito negó en fallo de Amparo la autorización para la celebración de la asamblea de socios de Altos Hornos de México, los trabajadores sindicalizados de la siderúrgica, esperan que se realice dicha junta, porque es la oportunidad de lograr el rescate de la siderúrgica.
Eso fue señalado por Ismael Leija Escalante, secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, titular de los contratos colectivos de trabajo de las Plantas 1 y 2 de AHMSA y de minas de carbón y fierro de la empresa.
El representante de la central obrero-minera, indicó que sabe del acuerdo establecido por el juzgado primero de distrito que decretó como no procedente la asamblea de los dueños de la metalúrgica.
Dijo no entender la causa por la que se rechazó la celebración de esta reunión, cuando el interés de las leyes de concurso mercantil es evitar que las empresas vayan a la quiebra, cierren y dejen sin empleo a los trabajadores.
Señaló que confía en que los actores del proceso, los acreedores, promuevan alguna acción legal para hacer reaccionar al juzgador para apruebe la reunión de los dueños de los títulos accionarios de la metalúrgica.
Señaló que esta junta servirá para acordar la aprobación de los convenios de pago renegociados con las instancias gubernamentales de los pasivos que se tienen, como con la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Infonavit y demás instancias del servicio público.
También servirá para acordar la inversión directa de capital de producción para que reinicie sus labores operativas y de producción la metalúrgica monclovense.
Esta inyección incluye el pago de pasivos a los trabajadores sindicalizados y de confianza, a mantenimiento correctivo de los equipos, y adquisición de insumos para iniciar operaciones.
En este sentido es en el que el juzgado de distrito debe aprobar la realización de la asamblea de socios de la empresa, pues permitirá la liberación de los primeros 160 millones de dólares de los 500 que tiene el grupo de inversionistas interesados en adquirir las acciones de la familia Ancira Elizondo.