Se manifiestan dueños de 'autos chuecos'
Más de 300 propietarios de autos de procedencia extranjera arribaron al Palacio de Gobierno para manifestarse en contra de los decomisos realizados por el Gobierno del Estado.
Ciudadanos de Monclova, Frontera, San Buenaventura y Rosita llegaron a Saltillo durante el medio día de ayer. La manifestación inició a las 12:30 horas en la Plaza de Armas. Ahí cerraron la calle de Allende y tomaron la Plaza.
Integrantes de la asociación Unidad Campesina Democrática advirtieron que de no detenerse los operativos contra los autos irregulares realizarán manifestaciones en eventos oficiales.
"El gobernador (Rubén Moreira) nos trata como si fuéramos delincuentes. En campaña nos pidió el voto, nos prometió ayuda y ahora ni la cara nos da", dijo el líder de UCD, Antonio Tirado.
Los propietarios de autos de procedencia extranjera piden que el Gobierno de Coahuila suspenda los operativos y apoye a la regularización de los vehículos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"La gente compra los carros americanos porque son más barato y ellos los quieren para ir a trabajar al campo, pero lo que vemos es que aquí se busca beneficiar a las armadoras y no a los campesinos", dijo Tirado.
‘NO SOMOS DELINCUENTES'
Integrantes de Unidad Campesina Democrática repudiaron las declaraciones del Gobernador Rubén Moreira quien asegura que en autos extranjeros se cometen delitos.
"Nosotros no afiliamos carros robados o donde se cometieron delitos, incluso si los detectamos nosotros mismos damos aviso a la Procuraduría. La gente de UCD quiere los carros para trabajar. Es mentira eso que dice el gobernador que son para delinquir", dijo Tirado.
Desde 2015 se han decomisado alrededor de 400 vehículos que no están regularizados. El Estado niega que sea una medida recaudatoria, por el contrario aseguran que es parte de la estrategia de seguridad. Sin cifras exactas indican que la mayoría de los delitos se comete en los denominados autos "chuecos".
En el caso de los vehículos que son detenidos y no se regularizan en un plazo de seis meses, son destruidos o adjudicados al Gobierno de Coahuila.