Uno de los grandes problemas que tuvimos que enfrentar y resolver en nuestro proceso de transición a la democracia, fue el de la inequidad en las condiciones de la competencia política. El régimen autoritario que se consolidó durante el siglo pasado implicó que en las elecciones los partidos de oposición tenían que enfrentarse no sólo al poderoso y hegemónico partido gobernante, sino también a todo el aparato gubernamental que, hasta hace apenas 35 años, era también el organizador de los mismos procesos electorales a través de la Secretaría de Gobernación.
Las condiciones de equidad en las competencias electorales se construyeron a lo largo de varias reformas electorales, a través de tres mecanismos principales:
Un financiamiento público generoso que le permitiera a todos los partidos políticos contar con recursos suficientes para poder sufragar sus gastos de operación y de campaña.
Un modelo de comunicación política, centrado en la prohibición absoluta de compra de publicidad en radio y televisión y en el uso de los tiempos del Estado, que les garantizara a todos los contendientes acceder a esos medios en condiciones de equidad.
Una serie de obligaciones y prohibiciones constitucionales que le imponen a todo servidor público conducirse con imparcialidad y neutralidad política, es decir, ejercer su cargo y los recursos inherentes al mismo sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos (artículo 134 constitucional) y que suspenden toda propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas políticas y hasta el término de la jornada electoral de que se trate (artículo 41). La lógica en este sentido es sencilla: la competencia electoral debe darse entre los partidos políticos y entre las candidaturas que se disputan en las urnas un cargo público electivo, no entre el gobierno, por un lado, y los partidos de oposición, por el otro, porque eso significaría una competencia desigual e inequitativa, como había ocurrido en el pasado.
Esos mecanismos han estado vigentes 15 años, en los cuales hemos tenido el periodo de mayor competitividad electoral de nuestra historia y en el que se ha producido el mayor nivel de alternancia política. Las razones son evidentes: esas condiciones funcionan, a pesar de que al poder en turno le molesten (en particular al actual, a pesar de que, paradójicamente, sus miembros, ayer como oposición, fueron los primeros en demandar esas garantías de "cancha pareja" frente a la intromisión de los gobiernos).
Por eso es particularmente importante que en el INE -institución responsable de velar por la equidad en la competencia- no prevalezcan las actitudes de condescendencia (o de temor) frente a los gobiernos o partidos que transgredan esas reglas. En ese sentido, a muchos nos resultó preocupante que hace algunas semanas, contrariamente a los precedentes existentes, dos de los tres miembros de la Comisión de Quejas del INE (que se encuentran entre los Consejeros Electorales recién designados), decidieron por mayoría, en un par de ocasiones, imponiéndose a la Presidenta de ese órgano del Instituto, que los llamados del Presidente de la República al voto por Morena no violaban la normatividad vigente.
Afortunadamente el viernes pasado, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral le enmendó la plana a dicha Comisión y determinó que se dictaran medidas cautelares contra el presidente López Obrador y ordenó además, mediante una tutela preventiva, que éste se abstenga de seguir violando la Constitución, dada la inmediatez de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México.
El mismo día, los dos nuevos consejeros del INE rectificaron su postura y, en el marco de una nueva queja, decidieron acompañar el criterio de la Presidenta de la Comisión de Quejas quien, congruentemente con los antecedentes, había venido planteando que, con sus referencias cotidianas a las elecciones, sus denuestos a la oposición y su llamado al voto por su partido, el Presidente de la República está violando el orden constitucional.
Ojalá que los nuevos Consejeros del INE comprendan que una cosa es el voto de confianza que desde la sociedad se les ha otorgado y otra bien distinta es haberles conferido un cheque en blanco y, en ese sentido, que la independencia y la autonomía a la que están obligados debe ejercerse en cada decisión… y si lo olvidan, afortunadamente para esto está el Tribunal Electoral.