ecuerda usted cuando se hablaba de las posibilidades de transformación que podría generar en materia de derechos humanos el nuevo gobierno? La idiosincrasia de la sociedad en 2018 respecto a lo que significaba materializar compromisos de atención y reparación a víctimas, búsqueda, generación de verdad y memoria no se agotaba solamente en las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, sino que había entre su gabinete legal y ampliado algunos líderes políticos y sociales que avivaban, ya sea por congruencia o trayectoria, la esperanza de que las cosas serían radicalmente diferentes. Uno de esos personajes era Alejandro Encinas Rodríguez.
Un político del tamaño de su jefe, que no necesitaba pedirle permiso a Olga Sánchez Cordero para hablar con él; porque su trayectoria como amigo y compañero de Andrés Manuel le daban la legitimidad para hacerlo. Tan es así, que la operación y materialización del primer acto de gobierno del presidente -la firma del compromiso de resolver el caso Ayotzinapa- así como toda la política de derechos humanos se le encargó directamente a Encinas, sin intermediarios.
Por eso el espionaje del cual fue víctima es sumamente grave, no sólo porque las fuerzas armadas incurran en el delito de espiar a un funcionario público de ese nivel, sino por la débil reacción que el presidente mostró, en la mañanera del pasado martes, ante el hecho: "Le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie".
Si el presidente respondió minimizando públicamente la intromisión del Ejército en la vida privada del subsecretario es porque la aprueba. Entonces no resulta descabellado entender que las conversaciones sobre la participación del Ejército en Iguala, sobre las ejecuciones en Nuevo Laredo, sobre el propio espionaje a personas defensoras y periodistas, o sobre las consecuencias de la militarización en el respeto a los derechos humanos a estas alturas sean un asunto menor para el Presidente.
Con la impunidad al espionaje de un funcionario de alto nivel queda reafirmada la impunidad en los casos donde está involucrado el Ejército.
La esperanza que tenían las víctimas de violaciones de derechos humanos ha quedado sepultada con un subsecretario de Derechos Humanos que ha pasado a formar parte de esas víctimas no escuchadas y silenciadas. ¿Qué lo motiva a permanecer ahí? ¿Hasta dónde alcanza la unidad de medida de su dignidad para presentar una renuncia?
Lo que representa su caso es suficiente para resquebrajar cualquier argumento de que en materia de derechos humanos con "ellos" vendrían tiempos mejores.
Twitter: @MaiteAzuela