Lleva veinte años en el poder y no lo llaman dictador. Es jefe de estado, del poder judicial y del legislativo. Se ha dado el lujo de regresar a su país medidas teocráticas y retrogradas, y sin embargo, en las urnas fue legitimado el pasado domingo con un 49.5 por ciento de los votos en una elección, que más allá de los cuestionados métodos que integran su sistema democrático, perfilan al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, para que asuma un nuevo periodo, cómodo para una comunidad internacional a la que le ha resultado útil en diferentes momentos, aunque insufrible para sus compatriotas que padecen su mano dura y a veces insensata.
Lo que sí es innegable es que ni las potencias mundiales, ni los foros económicos y mucho menos las grandes transnacionales, se han pronunciado a lo largo de dos décadas ante los abusos del poder que han permitido a Erdogan perpetuarse en el poder. Lo mismo ha sucedido con Vladímir Putin, que al menos, antes de la ocupación a Ucrania, gozaba de una popularidad no sólo en su territorio, sino ante una comunidad internacional que, a pesar de sus más de veinte años en el poder, nunca se atrevió a llamarle dictador.
Y lo mismo pasa con el primer ministro de Países Bajos Mark Rutte, quien lleva 12 años en el poder; al igual que el presidente Higgins, de Irlanda; el suizo Berset; o el finlandés Sauli Niinistö, todos mandatarios de países desarrollados que llevan 12 años en el gobierno y nadie les dice dictadores. Eso sin mencionar los gobiernos de Guinea o Camerún, cuyos mandatarios tienen más de 40 años gobernando. O el padecimiento de los países donde sus presidentes han sabido disfrazar el poder con procesos electorales amañados como Daniel Ortega o Bashar al-Assad en Nicaragua y Siria.
Lo cierto es, que parece que para que la comunidad internacional califique un gobierno como dictador o democrático, no depende tanto de la limpieza de su sistema electoral, o los resultados de su gobierno, sino de los intereses geopolíticos a los que responda. Sin importar si el poder de esos mandatarios alcance las cortes de justicia, sus cámaras y congresos, o incluso si manipulan a sus ciudadanos con instituciones creadas para sostener un poder y llamar cada cierto periodo a elecciones, simuladas, claro.
En Latinoamérica, la reelección parece incomodar a los Estados Unidos cuando el gobierno proviene de una ideología de izquierda. Cuando Rafael Ortega se presentó para un segundo período frente a la presidencia de Ecuador, el gobierno norteamericano prendió las alarmas y financió a sus opositores, a pesar de sus buenos resultados; pero cuando el colombiano Alvaro Uribe, presentó una reforma constitucional para reelegirse, los apoyaron y aplaudieron, incluso olvidaron las investigaciones y acusaciones de narcotráfico y paramilitarismo que pesaban en su contra, la razón, los intereses estadounidenses.
Nos guste o no, la democracia tiene una ruta. Y mientras existan instituciones electorales fuertes, independientes y que no respondan a los intereses de un partido o quienes estén en el poder, podremos al menos tener la confianza que nuestros representantes están ahí porque se pronunció una mayoría y ese es el fundamento del sistema de elección popular. México es un país de instituciones y más allá de los discursos incendiarios de uno y otro lado, estás se han respetado, el ejemplo es que hay Plan C, porque el Plan B no salió adelante, como tampoco el Plan A, es decir, el legislativo y el judicial se pronunciaron y la decisión se ha respetado.
Y en la mayoría de los países donde sus gobernantes se han perpetrado por años, disfrazando sus dictaduras con procesos electorales a modo, esas instituciones no tienen peso, no tienen posibilidad de tumbar una decisión presidencial y eso creo que hace la diferencia. Estamos llamados a ver la historia, pero también el presente, más de 30 países en el mundo tienen presidentes que han hecho del poder un ejercicio personal, y no lo vemos sino hasta que incomodan los intereses de alguna potencia internacional, mientras tanto sólo sus ciudadanos saben lo que eso significa, y gran parte de esos casos su reelección no se ha dado precisamente por tener contentos a sus ciudadanos.
Como dijo Paul Auster: "Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión", y creo que, aunque a veces, las urnas castigan nuestra ideología, color o preferencia, el voto de una mayoría dicta una sentencia que debemos acatar. Eso no significa que no tengas la obligación de vigilar y pedir que se cumpla la ley, pero esa no es excusa para descalificar o desacreditar sin argumentos un proyecto que logró convencer a la mayoría.
@uyohan