Terminó el segundo periodo ordinario de sesiones y el Senado omitió, por enésima ocasión, expedir la Ley General de Aguas mandatada desde 2012, uno de los asuntos de mayor importancia para el país. Hay quien le llama traición. Ahora, las comisiones de Recursos Hidráulicos y Estudios Legislativos Segunda de esa cámara tomaron el acuerdo de someter a consulta la iniciativa por la que se crea la nueva Ley General de Aguas y prevén tener el dictamen consensuado a finales de agosto. Según su convocatoria, recabarán opiniones de dependencias gubernamentales, universidades, especialistas y colectivos de la sociedad en los próximos meses. El veredicto podrá ser discutido y aprobado, dicen, a partir de septiembre, cuando el Senado reanuda sesiones e inicia el proceso electoral de 2024. Tiempo extremadamente complicado para tamaña reforma: estará en juego la Presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos, 24 juntas municipales, 16 alcaldías y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Máxime que en antecedente inmediato la industria minera se llevó todo en materia de agua y los intereses de la minoría rapaz que se han beneficiado a través de la violación sistemática del derecho humano al agua, la degradación de ecosistemas, la corrupción que aún existe en instancias de gestión y la ausencia de participación social, siguen predominando en el actuar del Congreso federal.
Por sentencia de la Suprema Corte, la Ley General de Aguas debe ser expedida antes de agosto de 2024, cuando termina la actual legislatura. Solo quedan dos períodos de sesiones.
Tales comisiones del Senado saben que existe una propuesta de proyecto de dictamen y articulado de Ley General de Aguas que es uno de los esfuerzos más comprometidos, pacientes y cuidadosos de la ciudadanía mexicana por aplicar la Constitución y presentar por escrito lo consultado con aportaciones logradas a lo largo de cien meses de trabajo, entre diciembre de 2012 y marzo de 2021, que, se ha dicho, merece ser dictaminado y votado por el Congreso de la Unión.
Es decir, dicha iniciativa ciudadana ya es una propuesta de consenso.
No se debe olvidar -o hacer que se olvida- que el esfuerzo seminal de cumplir con la tarea de emitir una Ley General de Aguas, se realizó por ciudadanos que ejercieron las atribuciones otorgadas por el artículo 4° constitucional reformado en febrero de 2012 y la Ley de Participación Ciudadana emitida en agosto del mismo año.
La iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas se hizo pública en febrero de 2013 para ser consultada y enriquecida en más de dos centenares de foros a lo largo y ancho del país, al mismo tiempo que se recabaron 198 mil 129 firmas ciudadanas de respaldo.
Contribuyeron de modo importante a este esfuerzo los entonces legisladores miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que realizó 35 foros estatales a partir de mayo de 2019, cuyos miles de participantes concluyeron que la Ley de Aguas Nacionales tendría que ser abrogada, pues la ley neoliberal adoptada en 1992 para someter el agua a los mercados privados, era contraria al Derecho Humanos al Agua.
Siguieron posteriormente reuniones con la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales y el Consejo Asesor Jurídico que integró en intensas sesiones a los promoventes de la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena para el Medio Ambiente, ambas de Cámara de Diputados y a los miembros del Grupo Parlamentario de Morena en Cámara de Senadores, quienes después de haber presentado sus iniciativas formalmente para ser dictaminadas desde la primavera de 2020, trabajando arduamente para construir consensos que fueron presentados en un foro convocado por el relator especial de la ONU para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, Leo Heller -antecesor de Pedro Arrojo-, en septiembre de 2020, con el propósito de lograr una Ley General de Aguas consensuada.
Así, mientras la crisis del agua se agudiza, la Ley General de Aguas cumple más de diez años bloqueada por la clase política y la hidrocracia, y es objeto de turbulentas maniobras. En tanto, las autoridades del agua mantienen inamovibles sus posturas contrarias a un cambio de paradigma en la gestión hídrica.
El movimiento nacional por el derecho humano al agua decidió organizarse y construir alternativas desde los territorios integrantes de pueblos originarios, sistemas comunitarios, promotores de contralorías autónomas del agua y otras formas de agrupación desde abajo en todo el país, sin perder de vista el eje que es la Ley General de Aguas con perspectiva ciudadana y con base en los 12 Consensos por el Agua.
De eso trata la Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado de Ley General de Aguas.
La justicia hídrica se construye desde abajo.
@kardenche