Hacía tiempo que no veíamos una acción tan sólida y contundente por parte de la Suprema Corte de Justicia y al mismo tiempo una respuesta tan ruin y miserable por cuenta de la Presidencia de la República y sus allegados.
Por una votación abrumadora de nueve ministros a favor por dos en contra, la Corte anuló la primera parte del Plan B de la reforma electoral, aprobado al vapor por el poder legislativo a finales del 2022, por considerar que existieron "claras violaciones" al proceso legislativo.
Entre los nueve ministros que se sumaron a la votación destaca el ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien en meses anteriores apoyó las propuestas del gobierno de Andrés López Obrador.
Sin embargo, en esta ocasión reconoció que hubo violaciones al procedimiento legislativo que afectaron tajantemente la deliberación de las normas presentadas.
La propuesta para dar palo al Plan B fue presentada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien sostuvo que en la aprobación legislativa se violaron los artículo 71 y 72 de la Constitución Mexicana. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se pronunciaron en contra de cancelar los cambios electorales.
No es la primera vez que la Corte toma una decisión en contra de modificaciones a leyes aprobadas por el congreso mexicano.
El pasado 18 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
"Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional", señala el artículo constitucional que utilizaron los ministros para determinar el regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El acuerdo de la Corte del pasado lunes fue tajante y concluyente porque la votación de 9 a favor y dos en contra no deja dudas de que los diputados y senadores cometieron errores graves a la hora de aprobar leyes, quizás presionados por el Poder Ejecutivo.
En términos generales, la reforma electoral lanzada por el gobierno morenista contempla recortar 3,500 millones de pesos al INE, eliminar el 85 por ciento del servicio profesional electoral y da pauta para que el Ejecutivo pueda intervenir en el padrón electoral lo que podría afectar las elecciones presidenciales del 2024, esto de acuerdo a un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Pero lo más grave de este suceso jurídico fue la respuesta visceral e intimidante del presidente López Obrador en contra de los ministros de la Corte que fue secundada por el líder del bloque morenista del Senado, Ricardo Monreal.
No es novedad que el mandatario mexicano se lance en contra de la Suprema Corte porque considera que está manejada por los conservadores a raíz de que el ministro Arturo Zaldívar entregó la presidencia a la ministra Norma Piña Hernández.
En esta ocasión, López Obrador dijo que el Poder Judicial "no tiene remedio" y "está podrido", lo acusó de prepotencia y autoritarismo por cancelar su Plan B electoral.
En son de amenaza, el presidente propuso que la Cámara de Diputados reduzca los ingresos de los ministros y anunció que enviará una reforma legislativa para que los miembros de la Corte sean electos mediante el voto popular.
El senador Ricardo Monreal fue más lejos al plantear un juicio político en contra de los ministros si se reitera sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes.
Tanto AMLO como Monreal cuestionaron los sueldos de 300 mil pesos de los ministros, así como los gastos para comer en restaurantes de lujo y para el uso de vehículos blindados.
La realidad -según expertos en materia jurídica-la Suprema Corte actuó de manera impecable al sancionar los errores del poder legislativo que son por cierto crónicos y comunes en México.
La postura de López Obrador evidenció su desconocimiento de las leyes. Pareciera además que los muros gruesos y los techos altos de Palacio Nacional le impiden ver y escuchar el sentir de los mexicanos.
NOTICIA FINAL
Desde luego que Donald Trump no es una palomita blanca, pero resulta sospechoso que lo declaren culpable de abuso sexual en un incidente ocurrido hace 30 años. El ex presidente norteamericano deberá pagar 5 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll de 79 años edad, siempre y cuando el caso no sea desechado por un tribunal.
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