Por el monumental desaseo con que el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, llevó a cabo en diciembre pasado el proceso legislativo de una parte del llamado Plan B, la Suprema Corte decidió declarar inválidas la totalidad de las reformas hechas a un par de leyes generales. Se trata de las leyes de Responsabilidades Administrativas y de Comunicación Social, obviamente en aspectos relacionados o aplicables a la materia electoral. La decisión de la Corte, el pasado lunes 8 de mayo, fue contundente: 9 votos contra 2. Cabe señalar que para dictar esa resolución no fue necesario entrar al estudio de fondo de dichas reformas. Bastó con sólo considerar la serie de marrullerías y la forma tortuosa como procedieron los legisladores de Morena y sus aliados, para declarar la inconstitucionalidad de lo que aprobaron.
Antes de continuar, vale la pena hacer notar un par de cosas. La primera, señalar que quizá como nunca en su historia la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adquirido notoria visibilidad e importancia en la vida pública del país, como debe ser, en consonancia con su categoría de verdadero Poder. Muy saludable, en tanto lo ejerza en los términos prescritos por la Constitución.
La otra cosa que vale tener presente es la actitud belicosa, frecuentemente grosera y hasta vulgar, que el presidente López Obrador asume siempre que se refiere a la Corte. Señal inequívoca de que como no está bajo su control adopta esa indigna conducta frente a ella. Porque muy distinto sería su humor si la Corte se plegara a sus caprichos, como ocurría con Arturo Zaldívar cuando la presidió.
En la mañanera del día siguiente al de la decisión de la Corte, como era de esperarse López Obrador reaccionó con furia. Su malestar incluyó sus consabidos insultos a los ministros. Pero hizo también dos propuestas:
Una, que expuso ahora como Plan C, consistió en convocar a sus seguidores a que en las elecciones de 2024 logren una votación que les permita llevar 334 diputados federales y 86 senadores a las Cámaras, de manera tal que con ese su número alcancen la mayoría calificada que se requiere para reformar la Constitución. Sin advertirlo él, por evidente traición del subconsciente, lo que López Obrador reconoció sin decirlo fue que su llamado Plan B contiene modificaciones a las leyes que son violatorias de la Constitución.
La otra idea expuesta por López Obrador en su mañanera del martes consistió en proponer que como lo establecía la Constitución de 1857, en tiempos de Juárez, los ministros de la Suprema Corte sean designados por votación popular.
Dicha Constitución del 57, en efecto, disponía que los integrantes de la Suprema Corte serían designados mediante elección popular indirecta en primer grado en los términos que dispusiera la ley electoral, según decían los artículos 91 y 92 de dicha Constitución, de entre ciudadanos que "a juicio de los electores" estuvieren "instruidos en la ciencia del derecho".
Es posible que López Obrador no tenga ni la menor idea acerca de cómo funcionó esa Corte con ministros elegidos por el voto popular. El tratadista Miguel Lanz Duret, que estudió el asunto, escribió en su libro Derecho Constitucional Mexicano que tal procedimiento de designación de los ministros resultó "peor (que el anterior) y más nulos sus resultados". Además, dijo: "nada es menos propio del sufragio del pueblo que la designación de funcionarios no políticos sino técnicos".
Por su parte, el reconocido constitucionalista Emilio Rabasa (nadie fue tan conocedor de la Carta Magna del 57 como él), en su célebre obra "La Constitución y la dictadura", publicada en 1913, escribió sobre el punto lo siguiente: "nuestro atraso es lastimoso. En ninguna nación de Europa se eligen democráticamente los Magistrados". Y agregó, no sin ironía: "Sólo están con nosotros Guatemala y Honduras en todo el mundo civilizado, y no podemos lisonjearnos de que tal compañía justifique nuestro sistema" de designación de los integrantes de la Corte por votación popular.
Suena y parece más sensato designar a los médicos del IMSS y del ISSSTE, sean o no especialistas, o a los pilotos de la nueva empresa de aviación del Ejército a través del voto popular, que a los ministros de la Corte por ese método. Así de absurda es esta locura presidencial.