l no surtirse las condiciones mínimas exigidas por la carta fundamental y los reglamentos aplicables de cada Cámara, privando a diversos representantes populares y con ello a quienes también representan de participar de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática se acredita la existencia de violaciones y desde luego su poder invalidante frente a la inobservancia de los principios constitucionales que le rigen y por lo mismo […] me llevan a proponer a ustedes la invalidez total del decreto combatido": estas son las palabras que pronunció el Ministro Pérez Dayán ante el resto de sus compañeras y compañeros de la Corte al presentar su proyecto para invalidar la primera parte del llamado Plan B.
Estas palabras tienen una carga política importante en el sentido de enterrar la estrategia de la 4T de gobernar pensando que los votos electorales son un cheque en blanco para hacer lo que quieran.
La corrupción ahora aparece en el Congreso, en donde los legisladores comienzan a tomar medidas radicales para sacar todas las reformas legales que quiere el Presidente antes de que se acabe su último año de gobierno. Por ejemplo, el "Plan B".
Frente a la presión de Andrés Manuel, los legisladores de Morena se saltaron una serie de procedimientos para sacar las reformas. ¿Podemos decir que, cuando los funcionarios públicos -en este caso los legisladores- abusan de sus funciones y conscientemente se desvían de la ley para beneficiar un proyecto político, están cometiendo actos de corrupción? Yo creo que sí porque, como servidores de todas y todos los mexicanos, tienen la obligación de actuar con apego a la ley.
Este lunes una mayoría de 9 ministras y ministros de la Corte tumbaron la primera parte del "Plan B" porque los legisladores no siguieron las reglas establecidas para hacer su trabajo. A esta película de corrupción legislativa, se suma la bala con la que AMLO se dispara en el pie: su apuesta por hacerse del máximo tribunal a través de sus incondicionales está enterrada. Y es que, si la ministra Yasmín Esquivel no hubiera plagiado su tesis, probablemente sería la presidenta de la Corte, y el presidente tendría una mayor capacidad para tener, al menos, dos votos más que no permitieran la mayoría calificada de los 11 ministros. Pero el presidente ha preferido defender la corrupción académica.
La ministra Piña ha recibido el premio de derechos humanos 2023 otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. A pesar de que ello pone en alto a la justicia en México, ayer el presidente se ha referido al premio como algo que se puede conseguir en la plaza de Santo Domingo. Con esta afirmación, el presidente se dispara en el pie, sus incondicionales en el legislativo y en el poder judicial adolecen de lo que él tanto se queja: la corrupción y la opacidad.
Twitter: @MaiteAzuela