Lejos de lo que suele mostrar el cine estadounidense en su narrativa contra el crimen organizado, lo cierto es que la mayor parte de sus golpes, capturas y grandes operativos, no se dan por la habilidad de los agentes de sus distintas corporaciones de justicia. Según los análisis de organizaciones civiles de ese país, poco más del 80 por ciento de la efectividad de su justicia depende de una figura tan necesaria como incomoda, nefasta, furtiva e incluso vergonzosa, la de los informantes, algo que en las últimas décadas se ha convertido en un verdadero negocio para el sistema judicial de los Estados Unidos.
El origen de los informantes y los acuerdos de la justicia norteamericana con el crimen organizado en las últimas décadas es fácil de rastrear en el libro "La guerra falsa", escrito por el ex agente de la DEA Michael Levine, quien recuerda como origen el caso de la narcotraficante boliviana Sonia Atalá, tan poderosa como Pablo Escobar y tan desconocida que su nombre apenas tiene un par de registros en Google. Esta mujer, poderosa, sanguinaria y calculadora, se volvió en la década de los 80 una informante protegida por la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense.
La protección del gobierno no fue gratuita, el costo que pagó la boliviana fue el financiamiento de la conspiración política que derivó en el golpe de estado en Bolivia. Pero lo propio sucedió en el caso Irán-contras, el dinero del narco se fue usado por el gobierno de Estados Unidos para financiar las milicias que operaban en contra de los sandinistas. La información que dio el narco colombiano Carlos Leder terminó en la captura de presidente Manuel Noriega de Panamá. Es decir, negociar con delincuentes para beneficiar otros intereses.
En la actualidad el negocio de los delatores en la justicia norteamericana es tan jugoso, que agentes de la DEA, o fiscales famosos por haber llevado a prisión a decenas de narcos colombianos y mexicanos en los años 90, hoy son integrantes de despachos de abogados que se dedican a representar narcotraficantes en los Estados Unidos. Cuentan con lujosas oficinas en la Ciudad de México y Bogotá, y cientos de operadores encargados de contactar, convencer y trasladar a sus clientes a suelo estadounidense para que ellos les puedan conseguir sustanciosos acuerdos de sometimiento.
El abogado Todd Merer, autor del libro "El extraditable", explica que son cientos los casos en los que delincuentes investigados por, corrupción, lavado, trafico de drogas, homicidios y una imparable lista de delitos en sus países de origen, México y Colombia principalmente, terminan recibiendo penas de apenas cinco años, con una visa de residente y protección del propio gobierno. Viven en total libertad y gozan de una cantidad de dinero, producto del crimen, suficiente para gozar del sueño americano con toda la comodidad del caso, a cambio de delatar a sus socios y enemigos.
Mientras, las víctimas de sus delitos sufren la impunidad propia de nuestros países. La mayor parte de los bienes incautados, fortunas calculadas de miles de millones de dólares, pasan al gobierno norteamericano sin quien repare en los más mínimo. Es decir, que para los países que ponen los muertos en la mal llamada guerra contra las drogas, no tienen ningún sentido el desgaste que le ha significado años de derramamiento de sangre. La extradición fue aprobada por México y Colombia como una verdadera opción de justicia, que en los datos duros dice otra cosa. Contra dos o tres delincuentes mediáticos condenados más por su fama que sus delitos, hay cientos gozando de la benevolencia del sistema de los Estados Unidos.
En la justicia norteamericana existe una figura legal (FOIA por sus siglas en ingles) que obliga a las dependencias de gobierno a dar información, promovida y vigilada por algo así como el INAI por el que nos rasgamos las vestiduras en México, solo que en los últimos años a periodistas, organizaciones de la sociedad civil y académicos que han solicitado a la DEA información sobre los acuerdos con narcotraficantes, en el cien por ciento de los casos la agencia ha rechazado las solicitudes bajo la premisa que esos acuerdos ponen en riesgo las posibles negociaciones con otras organizaciones criminales. Es decir, que eso de la transparencia tampoco es una práctica común en nuestro vecino del norte.
En el libro del exagente Levine, queda claro que negociar con los narcos no ha servido de nada. El negocio ha crecido, las organizaciones se multiplican, las víctimas de esos delincuentes quedan sin reparación y decepcionados de saber que sus victimarios hoy se asolean en las playas de Miami. Los únicos que han ganado son los inescrupulosos abogados que han encontrado una mina de oro en la factura de delatar y el gobierno de Estados Unidos, que termina incautando las fortunas de estos delincuentes. Mientras países como Colombia y México, siguen creyendo que la guerra contra las drogas si es en serio.
@uyohan