El campo de batalla está cada vez más claro: la presidencia de la República, como jefatura política y electoral de la campaña 2024, hizo retumbar ayer los tambores de guerra contra el Poder Judicial Federal cuya élite, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apresta a mantener el número de votos que sean necesarios para invalidar otras reformas legislativas del morenismo y sus asociados.
La contienda no apela en realidad al triunfo inmediato y explícito de alguna de las partes sino a su continuidad beligerante, polarizante, definitoria, rumbo al proceso electoral del año siguiente. Podría decirse que, en estos planos, el negocio (electoral) es la guerra (política y judicial).
Palacio Nacional tiene una ruta no solo discursiva sino de movilización (este sábado 20, frente a la Corte, acto masivo "por la Defensa de la Soberanía del Pueblo y Contra la Corrupción", según lo promovido en redes sociales por el gobernador de Veracruz) y de consolidación transexenal del proyecto obradorista, con el anuncio de la presentación de una propuesta legislativa de reformas correspondientes a los temas ya rechazados por la Corte, en septiembre del año próximo, cuando deberá haber una nueva titularidad electa de la Presidencia de la República.
En la Corte, con el extraño desmarque 4T del ministro Zaldívar, se mantienen en la mira invalidatoria otras reformas obradoristas, en un contexto de engallamiento provisional de los opositores a la 4T que creen encontrar en el flanco del poder judicial el aliento que sus alianzas, discursos y perspectivas electorales no confirman.
Este jueves dejará de aplicarse en Estados Unidos el título 42, una norma de la que se valió el gobierno del país vecino a fin de rechazar el ingreso inmediato de migrantes, por consideraciones contra la pandemia en curso, y así devolverlos a espacios convenidos para presuntas esperas administrativas, como México.
Oleadas de migrantes tratarán de aprovechar el marco jurídico que será restituido al salir de escena el mencionado título 42 y, por ello, funcionarios estadounidenses de alto nivel han estado definiendo las medidas que desde México permitan atenuar el impacto de tales acometidas que tendrán también consecuencias electorales en la nación vecina, donde los republicanos presionan al presidente Biden en busca de acciones radicales.
Del lado mexicano todo está aceitado para que continúe el esquema de algo más que colaboración que ha prestado el gobierno obradorista tanto a las presiones desquiciadas de Donald Trump como al estilo más suave pero igualmente imperativo de Joe Biden o quienes a nombre de él gobiernan. México mantiene el estatus de país adosado a las políticas de Estados Unidos en materia migratoria, con la utilización de la Guardia Nacional y el muy descalificado Instituto Nacional de Migración (INM) como instrumentos de control, extorsión y represión.
Un punto de referencia permite confirmar la continuidad del esquema lesivo que tuvo expresión trágica (una entre miles de esa cotidianidad salvaje) en Ciudad Juárez, cuando cuarenta migrantes murieron encerrados en una celda ilegalmente montada en instalaciones del citado INM. El director de este instituto, Francisco Garduño, sujeto a proceso judicial por el caso juarense, permanece en su puesto, como garante de ejecución de las feroces políticas de contención migratoria impuestas por Estados Unidos a México.
Ya saltó el primer aspirante a competir por un sitial en una eventual Suprema Corte de Justicia de la Nación electa por voto popular. El diputado morenista Hamlet Almaguer declaró ayer (https://bit.ly/3NWzNlz) que él se "apunta" para esa contienda. Señaló que el judicial es un poder de élites, el más antidemocrático y, en coincidencia con el presidente de la República, abogó por el retorno al esquema de elección directa de jueces como establecía la Constitución de 1857… ¡Hasta mañana