"La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad".
Norma Piña
Al tomar la palabra ayer en la sesión del pleno, la ministra presidenta Norma Piña tocó el meollo del asunto: "Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo". Este es precisamente el principio que defendieron ayer nueve ministros de la Suprema Corte que advirtieron que una reforma legal en la que no se permitió el debate informado ni la participación de las minorías no es constitucional.
Las presiones contra la Corte fueron enormes. La Consejería Jurídica de la Presidencia argumentó que era falso que no se hubiera cumplido "el principio de deliberación democrática" en la aprobación de las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, las primeras del llamado plan B de reforma electoral. Afirmó que "el ministro ponente", Alberto Pérez Dayán, "es omiso al artículo 17 constitucional. pues no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas". Añadió que el proyecto, de ser aprobado, violaría "el principio de división de poderes".
La sesión empezó, de hecho, considerando una exigencia de la Consejería Jurídica para que el ministro Pérez Dayán se excusara por "falta de imparcialidad". Los 11 ministros rechazaron la petición. Posteriormente, nueve de los 11 votaron a favor del proyecto que declaraba "la invalidez del Decreto cuestionado". Solo estuvieron en contra las dos ministras, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que votan de manera sistemática a favor de las posiciones oficialistas. Esquivel afirmó que, en aras de mantener la "división de poderes", había que "honrar" las decisiones de la mayoría. Esto significaría, sin embargo, que la mayoría en el Congreso tendría la facultad de violar cualquier norma o procedimiento.
Varios ministros señalaron diferencias puntuales con el proyecto, pero consideraron que las fallas en el procedimiento fueron de tal gravedad que impidieron la discusión libre e informada de las iniciativas y, por lo tanto, resultaban "invalidantes". Pérez Dayán señaló que tomará en cuenta los puntos de vista discrepantes para incorporarlos al engrose.
Si bien el fallo trató solo acerca de las dos primeras iniciativas del plan B, muchas de las mismas irregularidades se cometieron en la aprobación de otras. Es previsible que todo el plan B quede anulado cuando las demás iniciativas lleguen al pleno.
El fallo es muy importante para la preservación del estado de derecho en nuestro país. El gobierno tomó la decisión de forzar la aprobación de las reformas electorales a pesar de que sabía que eran inconstitucionales, como lo advirtió el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; pero además quiso hacerlo con un abierto desplante de arrogancia, violando leyes y reglas parlamentarias, humillando a la oposición, pretendiendo que en este régimen el papel de las minorías es "callar y obedecer".
La arrogancia, sin embargo, tiene costos. Si bien los ministros pueden haber discrepado, el ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, muy cercano al presidente, declaró: "Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar porque en un parlamento todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió".
PLAN C
El secretario de gobernación Adán Augusto López, en su característico ánimo pendenciero, escribió: "El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: plan C en las urnas". Se refería al anuncio de AMLO de que buscará en 2024 la mayoría calificada para enmendar la Constitución en septiembre sin el voto de las minorías.
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