Lo mismo o peor puede suceder, en un futuro indeterminado, con la Ley General de Aguas. En los primeros días de mayo, mientras se define si la oposición en el Senado impugna la mayoría de las 20 reformas aprobadas por Morena entre el 28 y el 30 de abril -incluidas las modificaciones a la Ley Minera-, al menos 40 compañías de Canadá y Estados Unidos que operan en México manifestaron su intención de ampararse, y la Presidencia de la República aun no las promulgaba para que entraran en vigor y se diera pauta para que se cuestione o no ante la Suprema Corte de Justicia. La Administración obradorista enfrenta presión del gobierno canadiense. Todo esto mantiene a la reforma minera votada todavía en el aire, pese a que por cabildeo de la industria minera, se cedió en temas de agua y especulación.
Senadores del PAN, MC y PRD insistieron que en menos de 30 días presentarán ante la Suprema Corte las acciones de inconstitucionalidad contra la mayoría de las 20 minutas aprobadas de la agenda legislativa prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La dirigencia del PRI fue más cauta y se ha reunido con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.
En tanto, tras la reforma, se prevé una "lluvia" de amparos de hasta 40 empresas mineras de Canadá y Estados Unidos que operan en México.
Así lo advirtió -según publica el portal SinEmbargo- el socio del despacho de abogados Von Wobeser y Sierra, Edmond Frederic Grieger, quien anticipó que también contemplarán el arbitraje internacional considerado como mecanismo para resolver disputas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
"Alrededor de 20 empresas mineras que operan en México y 20 despachos de abogados que representan a empresas canadienses y de Estados Unidos nos han manifestado sus intenciones de ampararse contra las reformas a la Ley Minera por considerar que están violentando sus derechos y que se les están cambiando las reglas de juego (...) En unos meses empezaremos a ver arbitrajes internacionales en paneles", indicó.
El mismo portal informa que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, tuvo que justificar la reforma minera a la ministra canadiense de Comercio, Mary Ng, quien planteó que el gobierno de su país está preocupado por las modificaciones, ya que afectarían las inversiones en el sector minero de Canadá y -planteó- pone en riesgo la competitividad del bloque de Norteamérica y la resiliencia de las cadenas de suministro.
También informó en Twitter que se reunió con el embajador de Canadá, Graeme Clark, y representantes de empresas mineras canadienses para reiterar que con esta reforma "se respetan los tratados comerciales".
La Ley Minera requiere una revisión mayor, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 4 de mayo, cuando todavía no promulgaba ni se publicaban en el Diario Oficial de la Federación las 20 reformas aprobadas entre el 28 y el 30 de abril.
"Está pendiente la aprobación de la Ley Minera, porque se requiere una revisión mayor, pues algunas empresas mineras están inconformes por el tiempo de duración en el otorgamiento de concesiones".
Interrogado sobre esa iniciativa, el mandatario federal informó en dicha mañanera que ya existe consenso con algunas de las empresas del sector que habían manifestado su inconformidad por el nuevo tiempo de duración de las concesiones para la explotación minera.
"Originalmente se planteaban diez años y decían, con razón, que para un inversionista el estar sometido a una revisión cada diez años le producía inseguridad para su inversión; eso se amplió creo que a 20 años la concesión y otros temas".
"Eso también hay que aclararlo, es hacia adelante, y ya se ponen condiciones que no existían, por ejemplo, tiene que haber consulta a las comunidades, eso está contemplado en la nueva iniciativa. De todas maneras se va a hacer una revisión, pero sí aclarar que al aprobarse es hacia adelante. Esto hacía falta, porque fue un abuso en efecto lo que hicieron, nunca vamos a olvidar que destruyeron por la extracción de oro el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, que es el símbolo (del estado), aparece en el escudo, ese cerro ya no existe y destruyeron todo el poblado".
La versión de reforma aprobada en Diputados y votada en el Senado, incorporó seis cambios propuestos en la iniciativa presidencial de origen, suavizó tres y cedió eliminando cuatro.
En materia de agua los empresarios mineros se llevaron todo
Si en el último tramo de abril, la industria minera logró meterse en el proceso legislativo por fuera de instancias formales con la amenaza de paralizar el país, y modificó en Diputados la iniciativa presidencial de minería y agua, en el Senado intentó posponer la votación por tiempo indefinido, buscando desbordar el segundo periodo ordinario de sesiones que concluía el 30 de abril.
Ahora van por más.
@kardenche