Ya en el último tramo de abril, la industria minera logró meterse en el proceso legislativo por fuera de las instancias formales y llevó a la modificación en Cámara de Diputados de la iniciativa presidencial en materia de agua y minería. El jueves 27, a punto de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones, comisiones del Senado aprobaron la minuta de nueva ley minera con los cambios hechos en San Lázaro y el dictamen se turnó a la mesa directiva con miras a que el pleno lo votara el viernes 28, con posibilidad de instalarse en sede alterna ante la toma de tribuna por disputa de nombramientos y en previsión de un nuevo paro del reloj legislativo, incluso después del domingo 30, cuando oficialmente cierra el ciclo parlamentario.
En tanto, innumerables pueblos resisten a la minería y sus proveedores. En La Laguna, centro norte del país, un frente comunitario busca el desmantelamiento total de la abortada fábrica estadounidense-checa de cianuro minero Chemours-Draslovka; habitantes del río Sonora lograron suspensión definitiva que ordena acciones urgentes y estratégicas por prevalencia de tóxicos mineros en el ambiente; la comunidad agraria nahua de Tecoltemi, Puebla, logró la cancelación definitiva hace poco de concesiones de Almaden Minerals, de Vancouver, en Ixtacamaxtitlán; pobladores nahua enfrentan a la minera canadiense de Alamos Gold en Tetlama, Morelos; y el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, en días recientes se declaró territorio libre de minería. Y cualquier cantidad de resistencias antimineras más.
El paquete de reformas presentado por el presidente de México al Congreso de la Unión el 28 de marzo fue resultado de meses de colaboración entre las secretarías de Economía y Semarnat en sintonía con la Consejería Jurídica a fin de lograr un marco regulatorio favorable a comunidades, medio ambiente y bien de la nación.
El 28 de marzo -diez días después de la celebración masiva de la expropiación petrolera de 1938-, el Ejecutivo federal presentó al Poder Legislativo el proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
La oposición de derecha difundió que los cambios serían un peligro para las inversiones y empleo, y se realineó a los intereses del modelo extractivo minero de capital nativo y sobre todo extranjero, como antes lo hizo en materia eléctrica.
Los cambios propuestos por el jefe del Ejecutivo apenas permitirían que México contara con los grados de protección logrados en otros países en donde la minería sigue siendo enormemente lucrativa.
Sin embargo, la industria minera -que el SAT ha determinado que evadió el pago de 75 mil millones de pesos entre los años 2015 y 2021-, logró meterse en el proceso legislativo mexicano por fuera de las instancias formales con la amenaza de paralizar la industria en el país.
Como resultado, en la Cámara de Diputados no se discutió ya la iniciativa presidencial sino una nueva versión, en respuesta a las demandas de la industria minera en varios puntos importantes.
Aparentemente, la cámara había decidido aprobar esta versión alterada a través de la dispensa de trámites, mecanismo violatorio de las prácticas legislativas debidas, lo cual dejaría el paquete vulnerable a su anulación.
Y así fue que en las primeras horas del 21 de abril, Morena y sus aliados avalaron en Cámara de Diputados una reforma minera distinta a la propuesta original, resultado de una negociación con la Cámara Minera de México (Camimex).
Una breve evaluación de la versión de ley aprobada en Diputados y que sería votada en el Senado con agregados leves en la exposición de motivos, incorpora seis cambios propuestos en la iniciativa presidencial, suaviza tres y frena cuatro.
El abogado Francisco López Bárcenas, escribió en reciente artículo periodístico: En materia de agua los empresarios mineros se llevaron todo.
"Las concesiones para agua dedicadas a esta industria serán por cinco años prorrogables por el tiempo que dure el proyecto, cosa que, de acuerdo con la duración de la concesión minera, puede ser hasta por 80 años, de manera que las mineras podrán seguir obteniendo 300 o 400 por ciento más del volumen concesionado, sin atender la disponibilidad ni respetar las restricciones aplicadas a agua para uso minero en general; también podrán seguir usando el agua de laboreo sin necesidad de concesión y sin respetar su existencia para satisfacer el derecho humano al agua de los pueblos aledaños. Claramente se nota que el interés de los mineros está en el control del agua y, al parecer, a los diputados esto los tiene sin cuidado".
Apenas se analizaba en comisiones la creación de la Ley General de Aguas.
López Bárcenas rubricó: Cuando la industria minera habla los poderes republicanos callan, o se someten.
@kardenche