EDITORIAL

A la ciudadanía

Gerardo Jiménez González

Una de las cuestiones que más preocupan en México es la mercantilización de la naturaleza. Observamos como desde hace cuatro décadas los políticos que gobiernan el país iniciaron un amplio proceso de privatización de una parte importante de las más de dos mil empresas estatales o paraestatales que se crearon como parte de una concepción del desarrollo que determinaba la rectoría del Estado mexicano sobre la economía nacional. El argumento de estas privatizaciones fue la ineficiencia de dichas empresas debido a la corrupción que en ellas se practicaba, aunado al señalamiento de que ejercían una competencia desventajosa para las empresas privadas.

Estas privatizaciones planteaban restringir esa rectoría económica del Estado y transferir funciones clave al mercado, es decir, a las empresas y corporativos empresariales. A la par se empezó a abrir el comercio exterior reduciendo o eliminando aranceles a las importaciones y exportaciones, abandonado el proteccionismo que se ejercía hacia algunas ramas y empresas nacionales, privadas o públicas, con el argumento de que se haría más competitiva la economía mexicana en el entorno internacional.

Las privatizaciones y la apertura comercial externa eran parte de las tendencias que marcaban el funcionamiento de las economías nacionales en esta fase del capitalismo mundial globalizado, amparadas en una nueva concepción ideológica del desarrollo, el llamado neoliberalismo, que sustituía al capitalismo de Estado que se instaura en el México postrevolucionario del siglo pasado. Sin embargo, el neoliberalismo convertido en ideología del desarrollo trascendió más allá de estos procesos, también transformó el marco normativo y las políticas públicas en instrumentos para mercantilizar la naturaleza.

No conformes con trasferir activos y funciones públicas al sector privado, desregularon hasta donde pudieron preceptos constitucionales y la legislación reglamentaria que obstruía la consolidación del capitalismo en México, pusieron en amplia disposición del capital privado gran parte de los recursos naturales y los sujetaron a la lógica de las leyes económicas de la ganancia y la acumulación de capital, a un costo elevado que significó una expoliación desmedida que provocó graves desequilibrios ecológicos debido a que se rebasaron los umbrales ambientales, y altos costos sociales expresados en la enorme desigualdad social y en ensanchamiento de la pobreza de millones de mexicanos.

Ejemplos de lo anterior lo podemos ver con evidencias contundentes en el deterioro de los recursos hídricos, energéticos, edáficos, bióticos y del propio aire atmosférico. El hecho de que actualmente existan 105 de los 635 acuíferos, o 108 de las 757 cuencas de aguas superficiales en estado de sobeexplotación, indican que la desregulación que se estableció con la Ley de Aguas Nacionales de 1992, se presentó un enorme tráfico de concesiones y volúmenes de agua donde el gobierno federal se limitó a una función gerencial del agua al servicio de los grandes empresarios o grupos empresariales. La Laguna es un ejemplo claro de lo anterior.

Algo similar ocurre con los hidrocarburos convencionales ante el agotamiento del petróleo continental, o con la pretensión de abrir la posibilidad de recurrir al fracking como fuente energética, la extracción de minerales con claras afectaciones ambientales y sociales en una gran parte de los entornos donde se practica, incluso se pretendió, y en gran medida fue acotado, desregular el aprovechamiento de la biodiversidad que implicaba mercantilizarla y ampliar la destrucción de los ecosistemas naturales en espacios protegidos a la que ya se realiza en espacios no protegidos, aunado a una débil intervención en la regulación de las actividades económicas y el crecimiento desordenado de las ciudades que aumentaron los niveles de contaminación del aire atmosférico, o la también omisa intervención en la contaminación de suelos agrícolas en los distritos de riego y en acotar los procesos de desertificación en diferentes biomas del país.

El concepto de desarrollo del neoliberalismo no ha tenido piedad con la destrucción sistemática de los recursos naturales, la prioridad ha sido impulsar un crecimiento económico acelerado en un marco de desarrollo capitalista no mal llamado salvaje, concepto que tiene como uno de sus componentes clave la mercantilización de la naturaleza. Son de tal dimensión los procesos de deterioro socio-ambiental, invisibilizados por los políticos desreguladores y los empresarios que aprovecharon esta desregulación, que hoy en día los problemas de este tipo que se enfrentan son de gran complejidad y magnitud, que las políticas públicas aplicadas para revertirlos resultan paracetamoles ante enfermos de terapia intensiva, por eso son más reactivas que preventivas.

No fue un acierto esta desregulación en el aprovechamiento de los recursos naturales y cada vez está quedando demostrada la falacia de promover un crecimiento económico sin rectoría del Estado en este rubro, incluso ya no solo basta esta, se requiere la vigilancia ciudadana. Las fuerzas del mercado operando sobre la naturaleza sin estos factores implicó poner al servicio del capital los recursos naturales con la consecuente destrucción sistemática de la naturaleza. Pero el pecado original no quedó ahí, si bien en este gobierno se han tomado medidas como el control estatal de los energéticos a pesar de su corta visión de transición energética, se esperaba algo más que acciones reactivas aisladas en los otros temas de la agenda del desarrollo sostenible.

Así como se fortalecen empresas estatales, sin que por ello acabe la corrupción en ellas, se desmantela parte del andamiaje institucional ambiental con otra falacia parecida a la del discurso neoliberal, la austeridad, desvalorizando con ello la importancia de la naturaleza en la agenda pública del desarrollo. Es desde el Estado donde se deben promover cambios normativos y políticas públicas que reviertan el desorden socio-ambiental (los desequilibrios ecológicos y la desigualdad social), fortaleciendo instituciones que si han dado resultados, despareciendo o transformando las que no los dan y no aplicar el rasero por igual, aunque también los ciudadanos hemos evadido nuestra responsabilidad de exigir esos cambios en un momento en que falta mucho por hacer.

Escrito en: empresas, desarrollo, recursos, Estado

Noticias relacionadas

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de EDITORIAL

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas