"Hay dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad, la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad".
Soeren Kierkegaard
Jesús Murillo Karam es un preso político. Está en la cárcel no por unas inverosímiles acusaciones de tortura y desaparición forzada, en un proceso a puerta cerrada que viola sus garantías individuales, sino por haber propuesto como procurador una hipótesis sobre lo ocurrido en Iguala y Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 que al actual gobierno le resulta políticamente inaceptable. Esa incómoda "verdad histórica", sin embargo, sigue siendo la hipótesis más verosímil sobre lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa.
No solo está Murillo en prisión preventiva, encarcelado sin sentencia por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el controvertido sobrino de Dolores Padierna, sino sometido a un encarcelamiento que podría durar el resto de su vida. Puede convertirse, por su delicado estado de salud, en una "ejecución preventiva".
La Fiscalía General de la República acusa a Murillo Karam de "formar parte de una empresa criminal" que cometió "delitos de lesa humanidad" y "cimentó la verdad histórica en tortura y desaparición forzada". Más que castigar las presuntas torturas y desaparición forzada de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quiere sepultar la verdad histórica. El subsecretario Alejandro Encinas declaró en 2020 que "La verdad histórica se ha colapsado", pero como no se cae buscan otras formas de hacerlo.
Mucho se ha cuestionado a Murillo el uso del término "verdad histórica", pero en derecho es la hipótesis que se presenta a un juez para dar sentido a las pruebas. En el caso Iguala, la verdad histórica señaló que los normalistas fueron detenidos y secuestrados por policías municipales en Iguala, para ser entregados a integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron. Algunos de los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el basurero municipal de Cocula.
El gobierno y la fiscalía han tratado de desmentir nada más la afirmación de que los cuerpos fueron quemados, como si la incineración fuera la parte esencial de la historia. La Procuraduría General, sin embargo, no presentó acusaciones por disposición ilegal de los cuerpos, sino por desaparición forzada y homicidio. Aun así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando era todavía independiente, consideró en 2018 que cuando menos 19 cuerpos de los normalistas fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Pidió, además, a la FGR que envíe 114 restos adicionales a la Universidad de Innsbruck para su identificación genética. La negativa a hacerlo revela el temor de la fiscalía de que se compruebe que hubo más cuerpos quemados en el basurero.
Si Murillo Karam torturó a alguien, debe ser castigado por ese delito, pero no hay pruebas de que lo haya hecho. Hoy, sin embargo, los presuntos responsables del secuestro y homicidio de los normalistas están en libertad, mientras que quienes los detuvieron están en la cárcel o prófugos. Los acusan de desaparición forzada, como si hubieran secuestrado a los normalistas; en el caso de Murillo Karam, la acusación es por las cuatro horas que transcurrieron entre la detención de Rodríguez Salgado y su presentación ante el juez. Es el mundo al revés: se castiga a los policías por hacer su trabajo, se libera a los criminales.
Murillo Karam es un preso político. Se le persigue por haber hecho su trabajo, por haber presentado acusaciones contra los secuestradores y asesinos de los normalistas, pero el gobierno quiere que muera en prisión preventiva por no haber salido a declarar con el puño en alto: "Fue el Estado".
4 POR CIENTO
Dijo ayer Zoé Robledo, director del IMSS, que la institución solo ha dejado de surtir 4 por ciento de las recetas. Quienes acuden al IMSS tienen otros datos. Las quejas por falta de medicamentos han sido constantes en este sexenio. Robledo culpó a los proveedores por el desabastecimiento.
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