"El estado de derecho es el elemento más importante de una sociedad civil".
Mo Ibrahim
No me sorprenden los votos de Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz. Las dos fueron designadas como ministras de la Corte para obedecer las instrucciones del presidente López Obrador. En el caso de la ministra Esquivel, esto ha llegado a la vergüenza de que se ha negado a renunciar a pesar de las pruebas de que plagió su tesis de licenciatura en la UNAM y la de doctorado en la Anáhuac. Una jurista con dignidad habría renunciado a la Corte, pero ella no lo ha hecho porque su voto en favor de las posiciones del presidente es demasiado importante, sobre todo ante la desobediencia de ministros como Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat que piensan que su función en la Corte era defender la Constitución.
Asombran, en cambio, los argumentos de Arturo Zaldívar, quien en la discusión del pleno sobre la militarización de la Guardia Nacional ofreció argumentos muy extraños: "El hecho de que las secretarías de defensa y marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional -dijo-- tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de estado civiles, cuyos titulares son secretarios de despacho de la administración pública centralizada, cuyo jefe es el presidente de la república".
Como el presidente es civil, y es el comandante supremo de las fuerzas armadas, el ejército y la marina son instituciones civiles. Vivimos en un país como Costa Rica, que hace años decidió eliminar sus fuerzas armadas, solo que no nos habíamos dado cuenta. Tampoco en Estados Unidos hay realmente fuerzas militares. Después de todo, no solo el presidente es civil, sino también los secretarios de defensa y marina, y no como en México donde estas secretarías son encabezadas por militares.
La verdad es que estas argucias jurídicas tienen poco peso frente a la claridad de la Constitución. El artículo 21 señala: "Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional". El mismo artículo añade: "La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública.".
No me cabe duda de que el presidente debe estar furioso. Seguramente les espetará una vez más a los ministros que no le "salgan con el cuento de que la ley es la ley". Ocho de ellos, sin embargo, recordaron que en su toma de protesta prometieron "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen". No faltará quien diga que el artículo 21 proviene de los tiempos en que los liberales, que no quieren dejar de robar, enmendaron la carta magna. Solo que la redacción de ese párrafo del artículo 21 proviene de una enmienda constitucional de 2019, en el régimen de López Obrador.
Mantener un estado de derecho, un respeto a la Constitución y las leyes, es indispensable para dar certidumbre a una sociedad. Hay leyes buenas y malas. López Obrador, Manuel Bartlett, Mario Delgado y otros morenistas criticaron a Enrique Peña Nieto por impulsar legislación que militarizaba a la Policía Federal. El presidente López Obrador dice que ya cambió de opinión, y quizá tenga razón. Pero lo que no se vale es que las leyes queden supeditadas a los cambios de humor de un gobernante.
La Constitución, por lo pronto, nos dice que la Guardia Nacional debe ser civil. Yo pienso que es lo correcto. Pero al final lo importante es que se respete la ley, que no nos salgan con el cuento de que el ejército y la marina son instituciones civiles porque su comandante supremo es un civil.
ESPIONAJE
Dice AMLO que "estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono". Seguro. Al mismo tiempo, sin embargo, el New York Times nos revela que el ejército mexicano es la dependencia gubernamental en el mundo que más espía con el software Pegasus
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