Pasar para septiembre próximo el análisis y votación de la nueva ley de minería arroja al congelante mar de la politiquería futurista de 2024 las esperanzadoras expectativas de poner freno al saqueo que históricamente han realizado empresas nacionales y extranjeras.
Hasta este lunes se manejaba la posibilidad de que en el mes en curso se aprobaran las reformas que virtualmente significarían una nueva ley de minería: Ignacio Mier, quien con frecuencia tropieza en el cargo de coordinador de diputados federales de Morena y, por tanto, jefe político de San Lázaro, anunció ayer que la bancada guinda buscaría que la iniciativa presidencial de reformas se aprobara este mismo mes.
Pero Manuel Rodríguez González, tabasqueño también morenista que preside la Comisión de Energía de esa cámara, enfrió los ánimos al advertir que el proceso legislativo correspondiente se irá hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, que iniciará en septiembre. Argumentó que se realizará una discusión pública denominada Parlamento Abierto, "con el sector, el gobierno federal y especialistas.
De manera indirecta reconoció lo que era de temerse, que las presiones de cámaras empresariales, grupos económicos y financieros del país y el extranjero (que amagan con freno a inversiones si se aprueba tal nueva ley minera) obligan a darle "tiempo" al análisis, lo cual en la coyuntura política actual es lesivo para tal iniciativa de reformas, pues será retomada cuando las pasiones y los intereses partidistas estén en plena ebullición futurista, cuando todo movimiento legislativo trascendente estará influido por el corcholatismo y su contraparte.
Rodríguez González así lo dijo: "surgieron voces de no aprobarla con prisa; tenemos que garantizar que lo que se haga beneficie a todos, no queremos perjudicar a nadie, que las inversiones del sector privado se paren" (https://bit.ly/43ExRDA).
En Mexicali aumentan las protestas por la desaparición de jóvenes en bares y antros, como los denominados Shots y El copeo (información en Periodismo Negro, que dirige Jaime Delgado: https://bit.ly/3omXXLr). En particular, algunos manifestantes han mencionado la relación de socios de algunos de esos establecimientos con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, impulsada para llegar al poder por Mario Delgado por la vía de Morena pero relacionada con segmentos panistas, entre otros el de su propio esposo, Carlos Torres Torres, que fue dirigente y representante popular a nombre de Acción Nacional (en su primer matrimonio tuvo como testigos de honor a Felipe Calderón y Margarita Zavala).
En febrero del año en curso, Cristian Torres Cruz publicó en la agencia informativa RadarBC un reportaje que señala: "La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo Carlos Torres Torres son socios de Juan Manuel Lameiro, dueño de El Copeo, bar que operaba hasta las 5 de la mañana sin la necesidad de solicitar horas extras (...) De igual manera, Lameiro Camacho opera una red de bares en Tijuana junto con el hermano de Carlos Torres Torres, Luis Alfonso, quien hasta el momento es el principal beneficiario de la relación empresario-gobernantes. Luis Alfonso ha mantenido un crecimiento constante en su patrimonio en los últimos 2 años al poder abrir y operar varios giros nocturnos en Tijuana" (https://bit.ly/3MQwXxO ).
Ayer fue asesinado en San Cristóbal de las Casas un líder de comerciantes en mercados tradicionales, Jerónimo Ruiz, quien además era señalado como jefe de una banda usualmente activa a bordo de motonetas. Dicha ejecución desató balaceras, incendio de inmuebles y una violencia extendida en varias colonias de dicha ciudad. Lo cierto es que en Chiapas se acumulan problemas que no pueden resolver el gobernador morenista Rutilio Escandón ni Mariano Díaz Ochoa, quien ha sido presidente municipal de San Cristóbal de las Casas en tres ocasiones, dos a nombre del PRI y, la actual, del Verde Ecologista… ¡Hasta mañana!