López Obrador tiene razón: a lo largo de su historia, México ha sido un país saqueado. Un país exprimido por intereses particulares que sacrifican el interés público, gobierno tras gobierno, contrato tras contrato, adjudicación directa tras adjudicación directa. Un país paralizado por una red imbricada de políticos y oligarcas, de corruptos y cleptócratas, de líderes sindicales y líderes empresariales, coludidos para robar. Si México quiere crear riqueza y repartirla mejor será necesario acabar con la expoliación y defender lo público. Nadie de buena fe argumentaría lo contrario. Y esa transformación es lo que supuestamente anima el ambicioso paquete de reformas que AMLO ha enviado al Congreso: colocar al sector público por encima del sector privado. Devolverle al Estado la primacía que el neoliberalismo le había quitado. Pero en realidad, lo que promoverá sólo es permiso para que el pillaje pase de manos.
Ahora el saqueo estatal viene disfrazado de buenas intenciones y pulcras motivaciones como "revertir actos de corrupción", "prevenir actos lesivos al interés público", y "fortalecer a la administración pública federal". Enaltecer al Estado y limitar a los privados. Terminar con los contratos leoninos y revocar los dañinos. Invocar el criterio de "confianza en el sector público" para que el Poder Ejecutivo pueda decidir qué le toca a quién, cuándo y cómo. De aprobarse la modificación a 23 leyes secundarias, el gobierno federal podrá iniciar obras sin permisos, terminar contratos de forma anticipada, reducir el monto de las indemnizaciones obligadas, y revocar permisos y concesiones en nombre del "bien público". Se trata, en esencia, de fortalecer a un Estado "debilitado por el neoliberalismo" y rescatar a un país saqueado por la rapacidad empresarial.
En apariencia, parecen objetivos loables. Es difícil criticar un cambio en las reglas que se hace invocando el interés de la población, y en contra de quienes la han exprimido. Pero como ha sido una constante durante los últimos cuatro años de gobierno, el diagnóstico correcto deriva en políticas públicas contraproducentes. Terminar de manera anticipada los contratos con proveedores privados abrirá la ventanilla a la extorsión y a la negociación oculta entre funcionarios y contratistas, aumentando la corrupción en vez de combatirla. Acabar de forma arbitraria una relación jurídica entre el Estado y los empresarios debilitará el precario Estado de Derecho, en vez de fortalecerlo en la era del "nearshoring". Crear la nueva figura de "revocación" para terminar con concesiones, permisos o licencias -en sectores como minería, radio y televisión, aeropuertos y autopistas- aumentará la discrecionalidad política en vez de contenerla.
AMLO se equivoca al pensar que la solución a la corrupción, la desigualdad y la rapacidad es regresar el control de la economía a sus manos o a las de su sucesor. AMLO se equivoca al creer que los errores del neoliberalismo se componen con el regreso al estatismo. Las soluciones verdaderas a los problemas perennes de México se encuentran en otra parte. En la seguridad jurídica que nos exige el T-MEC. En la regulación robusta de los monopolios privados y públicos vía la COFECE. En la transparencia total de compras y contratos que haga el gobierno y su principal constructor, el Ejército. En el acceso a la información a todo lo público, empujado por el INAI. En el desmantelamiento del capitalismo de cuates, que sobrevive pujante en la 4T. En todo eso que AMLO no ha querido hacer o ha buscado destruir.
La reforma planteada huele a viejo, evoca un sentimiento de deja vu. Echeverría denunció a los saqueadores, estatizó, nacionalizó y así nos fue. López Portillo hizo lo mismo y así nos fue. Salinas tomó decisiones unipersonales, transfirió monopolios públicos a manos privadas, revigorizó el capitalismo de cuates, y así nos fue. Ahí están las lecciones históricas, dolorosas e ignoradas. La solución a un Estado discapacitado no es un Estado discrecional. La solución a un Estado débil no es un Presidente autoritario. La solución a los privilegios privados no es el empoderamiento de plutócratas públicos, al estilo Bartlett. Si la reforma prospera, el Estado tendrá más poder para chantajear, presionar, partidizar, coercionar. Y, otra vez, el gobierno obtendrá permiso transexenal para robar, pero ahora en nombre del "pueblo".