Dos mil nueve. Gobierno de Felipe Calderón. 49 niños mueren en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 2014. Gobierno de Enrique Peña Nieto. 43 jóvenes son desaparecidos y asesinados y, según la verdad histórica defendida por las autoridades, sus cuerpos son incinerados en las cercanías de Iguala, Guerrero. 2023. Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 39 migrantes mueren en el incendio de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Este podría ser un doloroso resumen de nuestros últimos quince años de historia. Una instantánea de nuestra democracia. Tres casos en los que las llamas que devoran esos cuerpos inocentes ponen frente a nuestros ojos el país que habitamos, el país que somos, el país que hemos consentido. La brutal y desasosegante patria que hemos sido incapaces de transformar. Se dirá que cada caso es distinto, que cada uno tiene sus particularidades, que es injusto unirlos en un mismo enunciado. Y, sin embargo, los tres casos revelan las condiciones subyacentes que alentaron o provocaron las tragedias.
El incendio de la Guardería ABC exhibió a los familiares y amigos de Calderón y de su entorno, quienes se aprovecharon de sus contactos para lucrar con las concesiones de las estancias infantiles sin preocuparse siquiera por su seguridad. Las desapariciones forzadas y los asesinatos de Ayotzinapa mostraron, a su vez, la complicidad entre el crimen organizado y todos los órganos y cuerpos de seguridad, municipales, estatales y federales, así como del Ejército. El incendio del centro de detención del INM revela, por su parte, la sumisa política migratoria desplegada por México desde que Trump amenazó con imponer aranceles a nuestros productos, la precariedad de estos lugares, la criminalización de los migrantes y, una vez más, las concesiones -en este caso a empresas de seguridad- otorgadas por las autoridades migratorias en beneficio de sus simpatizantes.
Lo que resulta más indignante y descorazonador, y que apenas deja lugar a la esperanza, es la respuesta de las autoridades en los tres casos. Con cada partido en el poder se repiten el mismo discurso, las mismas excusas, el mismo cinismo y la misma hipocresía, sin apenas variantes. "Un trágico accidente", "lamentamos", "nos solidarizamos", "se ejercerá todo el peso de la ley", se "castigará a los culpables"... Pretextos que, una y otra vez, conducen hacia el mismo lugar: la sanción a los responsables directos, chivos expiatorios del perverso sistema que permite sus actos y maniobras, mientras la negligencia criminal de sus cabezas -secretarios, directores y el propio Presidente- se mantiene siempre impune.
Provoca náuseas constatar, asimismo, cómo quienes en su momento denunciaron esta cadena ascendente de responsabilidades, y exigieron que se juzgara a los altos funcionarios que con sus políticas o su desdén causaron las tragedias, sean los mismos que hoy defienden a los suyos con los argumentos esgrimidos en el pasado por sus más encarnizados rivales. Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto -como el que continúan detentando nuestros presidentes- corrompe absolutamente, cegando por completo el juicio moral de sus acólitos, incapaces de darse cuenta de su incongruencia.
No debería haber dudas de que en los tres casos el culpable fue, sí, el Estado: ese Estado gobernado sucesivamente por nuestras tres principales fuerzas políticas sin que ninguna de ellas -ninguna- haya tenido la decencia de reconocer sus delitos y sus fallos. En su lugar, hemos tenido que soportar las más vergonzosas excusas, los señalamientos a los escalones más bajos de la pirámide o la obscena criminalización de las víctimas. Calderón, Bours y Molinar Horcasitas; Peña, Aguirre, Cienfuegos y Murillo Karam; López Obrador, Ebrard, López Hernández y Garduño. Ninguna renuncia, ninguna expiación oficial, ninguna disculpa pública y, sobre todo, ningún cambio en las condiciones que provocaron cada una de esas atroces muertes: en este aspecto todas nuestras fuerzas políticas son, sin duda, iguales.
@jvolpi