(EL UNIVERSAL)
La Red Latinoamericana contra la Desaparición Forzada (RLCDP) lamenta la muerte de los migrantes registrada en oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo.
“Nuestros hermanos y hermanas migrantes fueron hacinados sin cubrir una de sus necesidades básicas: el agua para sobrevivir en una estancia migratoria. Una grave violación a su derecho que llevó a la protesta para finalmente morir en un hecho que hasta ahora no se tiene claridad: un incendio en el lugar donde vivían”, reza el documento difundido en redes sociales.
Señalaron que lo sucedido no fue un accidente, “esta tragedia no fue un accidente, fue una consecuencia de una serie de negligencias, criminalización y violación de los derechos humanos de las personas migrantes, que muy probable y lamentablemente se seguirán repitiendo, mientras que no se corrijan las políticas migratorias y los gobiernos no transformen su visión y trato hacia las personas migrantes”.
Recordaron que en el 2020 se registró un evento similar. “No olvidemos que hace tan solo tres años (el 31 de marzo de 2020), en esta misma administración del Gobierno mexicano, ocurrió una tragedia similar, en la estación migratoria de Tenosique, Chiapas, cuando tras un incendio, falleció un hombre de origen guatemalteco. Ahora, esa misma negligencia cobra la vida de, al menos, 39 personas migrantes”.
Además puntualizaron que no deberían de recurrir los estados a la detención migratoria.
“Los estados, de conformidad con sus obligaciones y estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, no deberían recurrir al uso de la detención migratoria para la gestión de la migración. La detención migratoria debe ser una medida de último recurso y excepcionalísima, no como hace el Estado mexicano de usarla como una medida automática y generalizada frente a la migración.
Los gobiernos de los países de origen de nuestros hermanos y hermanas migrantes se vuelven corresponsables de esta tragedia desde que expulsan a sus ciudadanos al no tener respuesta para cubrir las necesidades básicas de ellos y ellas, al no impulsar políticas públicas”.
Y agregaron: “Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Argentina y México nos unimos a la denuncia de diversas organizaciones y exigimos a las autoridades correspondientes se investigue y se castigue a los culpables de esta tragedia”.