Andrés Manuel López Obrador es el séptimo presidente extraviado en los laberintos del crimen organizado (Miguel de la Madrid fue el primero). Hay indicios de que en febrero y marzo de este año, a AMLO diversos hechos lo hicieron perder el control sobre el relato.
Los siete iniciaron sus mandatos convencidos de tener la pócima mágica para acabar con los carteles; a todos se les esfumaron sus intenciones y opiniones. Por lo general, un trauma mediatizado desinfló su altanería. En 1985 fue por el asesinato de un agente de la DEA, en 1993 por la ejecución de un príncipe de la iglesia, de cuando en cuando se les escapaba el Chapo Guzmán mientras se tejía el rosario de masacres. Con el actual presidente proliferaron, durante febrero y marzo de este año, hechos que dibujan tendencias.
El primer campanazo resonó en Washington. El 15 de febrero, en una audiencia del Senado estadounidense, un senador demócrata y la administradora de la DEA, exigieron al gobierno mexicano acabar con su tolerancia de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, principales exportadores del fentanilo. Otros políticos se hicieron eco a la exigencia y es lógico asumir que el tema seguirá en la agenda electoral hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Hay algo de hipocresía en el reclamo, pero también un fondo de verdad.
Eso quedó demostrado el 3 de marzo en Matamoros, cuando una organización regional, el Cartel del Golfo, secuestró a cuatro estadounidenses y demostró el control criminal sobre la ciudad. Diversos documentos de los Guacamaya Leaks dieron pistas sobre un acuerdo tácito entre ellos y el gobierno federal. Si se "portan bien" (o sea, si atacan a CJNG y mantienen bajas las cifras de homicidios), pueden usufructuar la plaza. Como Matamoros está gobernada por Morena desde 2018, estaríamos ante una réplica de acuerdos similares seguidos por priistas, panistas y verdes en otras regiones y momentos.
En febrero y marzo afloraron en Nuevo Laredo las consecuencias del empoderamiento militar: militares ejecutaron a cinco jóvenes y se hizo público el espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos. Reapareció la petición de más supervisión y rendición de cuentas al sector militar.
En los dos meses citados aparecieron muchos documentos de Guacamaya Leaks y la estrategia de comunicación se alteró. El hackeo a las computadoras de la Sedena se conoció en septiembre de 2022. Durante los cuatro meses posteriores el gobierno guardó silencio o minimizó su importancia. En este mes se reconoció la gravedad del hecho porque se critica a los hackeadores y se descalifica la utilización de documentos obtenidos ilegalmente.
Otro cambio es que algunas mañaneras son un calvario que se auto impuso el presidente. En lugar de pedir a los mandos militares con responsabilidad en los hechos que dieran explicaciones, López Obrador decidió protegerlos con interpretaciones verborreicas, incompletas y contradictorias.
El imperio mañanero está desgastado por una realidad que se mueve con su propia lógica y por periodistas que llegan bien preparados para preguntar sabiendo cómo reaccionar ante un presidente bastante predecible. La sonrisa complaciente de Nayeli Roldán de Animal Político o la serenidad de Mathieu Tourliere de Proceso expusieron la fuerza de quienes cuestionaban y la pobreza argumentativa de quien respondía.
Veamos el tema desde la óptica de los presupuestos, espejo fiel de las prioridades de un gobierno. Cuando el presidente presume que su gabinete de seguridad se reúne cada mañana, pienso en lo gastado en seguridad. Entre 2018 y 2022 la Sedena, Semar, GN, Gobernación y la SSPC recibieron un billón 500 mil millones de pesos. Algunos delitos han disminuido, sí, pero los homicidios, desapariciones y extorsiones mantienen su ritmo o tuvieron una disminución temporal. Por otro lado, las encuestas de opinión confirman que la sociedad sigue pensando que el crimen organizado va ganando la batalla.
Llevamos siete sexenios observando variaciones del mismo guion. En febrero y marzo de este año aparecieron tendencias que auguran un mal final para la estrategia de seguridad. Esperemos el octavo sexenio exigiéndoles una estrategia de seguridad acorde con la magnitud de la amenaza.
@sergioaguayo
Colaboró Jorge Araujo Justo