Vivimos una crisis global del agua y una aguda crisis local en México. La falta de agua potable, la escasez de agua y la limitada infraestructura de saneamiento, son cada día factores más difíciles para tres cuartas partes de los habitantes de la tierra. El reciente informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos indica fehacientemente que la situación se ha tornado más grave y tiende a empeorar, afectando la vida y la salud de millones. La falta de acceso a servicios básicos relacionados con el agua causa más muertes que las inundaciones, incendios y otros desastres naturales, en todas las regiones del mundo, incluso en la presente era del calentamiento global. Debemos tener presente, que el 70% del planeta es agua, pero sólo el 3.5% es agua dulce. Asimismo, que al igual que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente sano, debe garantizarse la justicia hídrica, como acaba de recordárnoslo la presidenta de la Suprema Corte de la Nación.
Esta es una problemática que debe ser una conversación permanente, capaz de movilizar acciones propulsoras en todos los ámbitos, para garantizar efectivamente agua para todos, agua para la vida. Esta es hoy, sin duda, la prioridad global. Sin embargo, resolver la crisis del agua, en sus múltiples dimensiones, es sólo uno de los diversos desafíos que la humanidad -y todas y cada una de las naciones- enfrentan en este tercer milenio, por lo que debe considerarse dentro de una perspectiva más amplia y decisiva de solución de problemas y resolución de conflictos. En México, la crisis de agua es particularmente grave en el centro y noroeste del país. Demanda la participación de todos, al tener implicaciones determinantes para el desarrollo nacional y la seguridad humana. Los compromisos contraídos en los foros internacionales y las propuestas de mitigación deben formar parte integral de las decisiones políticas internas para garantizar un mejor uso y gestión del agua. El agua es el recurso natural más preciado. Para lograr un futuro mejor para todos debemos tomar otras medidas para preservarla y protegerla. Si bien hay cada vez más una mayor conciencia de la necesidad de ahorrar agua, debemos también acabar con la privatización y evitar su contaminación.
Por ello, muy bienvenida la iniciativa anunciada la semana pasada en Nueva York, en la Conferencia Mundial del Agua, por una coalición de países mega diversos que incluye a Colombia, la República Democrática del Congo, Gabón y México comprometiéndose a recuperar 300 mil kilómetros de ríos y lagos y 350 millones de hectáreas de humedales, para 2030. También el que hayan instado a todos los gobiernos de los países miembros a definir sus objetivos nacionales para restaurar los ecosistemas de agua dulce, vitales para satisfacer las necesidades hídricas globales. Hay que dejar atrás el descuido y la desatención de esos ecosistemas y los servicios ambientales, en los que se sustentan sociedades y economías. La designación de un Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el Agua que coordine y monitoree todos los esfuerzos es una decisión acertada y oportuna.
Pero cuán preocupante resulta saber que a pesar de la gravísima situación de sequía y escasez registrada en Monterrey el año pasado, la falta de lluvias hoy presente en gran parte del territorio nacional, la nueva Ley de Aguas Nacionales, pendiente de dictamen y aprobación desde 2022, no será considerada por los diputados y senadores entre las iniciativas preferentes de reforma en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso. Los necesarios cambios legislativos para obligar a modernizar sistemas de uso, distribución, concesión, tratamiento y reutilización de aguas podrían postergarse, frenando las inversiones en nuevas industrias, en plantas de tratamiento, en la urgente protección de acuíferos y bosques.
Aun cuando la falta de lluvias, la sobreexplotación de los acuíferos y la disminución de los niveles de las presas amenazan la sustentabilidad del sector agrícola, en varios estados de la República, las empresas que más agua extraen mediante concesiones, en las industrias cervecera, refresquera y minera harán todo lo posible para garantizar su abasto; excepcionalmente consideraran disminuir los volúmenes que tiene permitidos. El acuerdo alcanzado por el gobierno de la CDMX y la CONAGUA con algunas empresas importantes y organizaciones para que destinen una parte del volumen de agua que extraen al abasto de la megalópolis, ayudará dada la reducción de más del 50% de la capacidad de almacenamiento y operación del sistema Cutzamala que abastece la cuenca donde vive la cuarta parte de la población nacional, con una alta concentración de las actividades productivas, como ocurre en la zona norte.
El panorama de sequías, escasez y desabasto de agua en Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas es preocupante. Los municipios son generalmente el eslabón más débil para resolver estos problemas y la mala gestión del agua. Pero existen medios, iniciativas sociales y capacidades. Las situaciones pueden solucionarse. Sabemos que además de los programas limitados de estimulación de lluvias mediante el bombardeo de nubes en regiones de producción agropecuaria, hay recursos financieros por más de 4 mil millones de dólares disponibles para proyectos hídricos sustentables en los bancos de desarrollo de América del Norte y América Latina. Junto con la desalinización, hay sistemas innovadores para recuperar la humedad de los océanos para transformarla en agua potable. Muchas ciudades y sus espacios públicos pueden y deben convertirse en lugares de captación, tratamiento y almacenamiento de agua de lluvia.
@JAlvarezFuentes