Cuando un grupo de seguidores dispuestos a todo se mueven motivados con un discurso incendiario no es cuestión de azar el que se materialicen ataques a la estabilidad política de un país.
La semana pasada se dio un acontecimiento deleznable en la marcha "por la soberanía energética" del 18 de marzo -pero que más bien fue una movilización de apoyo al Presidente- en la que, sin lugar a duda, se realizaron acciones inadmisibles de violencia política de género en contra de la ministra presidenta, Norma Piña. Las cuales escalaron de la provocación a la intimidación, incluso a la apología del delito y violencia feminicida. Un evento que, echando mano de las multitudes anónimas, no deja de tener efectos en la relación del poder judicial con el poder ejecutivo.
Al lunes siguiente de la marcha del 18 de marzo, en su conferencia mañanera, el presidente "condenó" la quema que se hizo de una figura de la ministra, pero cerró diciendo: "Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos". Lo cual lo único que continúa haciendo es justificar la violencia y el odio.
Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un comunicado en el que "reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia y odio" agregando que "preocupa […] que el ejercicio de pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no solo institucional, sino entre los mexicanos".
El 6 de enero de 2021 el mundo fue testigo de algo sin precedentes: un grupo de seguidores del todavía presidente Donald Trump irrumpía el recinto legislativo de Estados Unidos como protesta por el supuesto fraude electoral. Días previos al asalto al Capitolio, Trump había pronunciado un discurso en el que acusó que la elección había sido fraudulenta.
De nuevo en enero, pero de 2023, los seguidores de Jair Bolsonaro también tomaron recintos emblemáticos de los poderes de la unión: del Congreso, de la presidencia y del Tribunal Supremo. Incluso en discursos previos a la elección, Bolsonaro afirmaba que habría un fraude, no fue la excepción cuando se dio a conocer que Lula había ganado.
Los ataques a los Poderes de la Unión y, por tanto, al orden constitucional de derecho y a la democracia, en Estados Unidos y en Brasil se fueron encendidos por un discurso presidencial que invitaba a desestimar e incluso embestir a las instituciones democráticas. ¿En México estamos viendo narrativas de la misma naturaleza?
Los discursos estigmatizantes, como lo hemos comprobado, incentivan la celebración de actos de violencia de género y pueden ser la antesala del asalto a un poder constitucional imprescindible para la democracia.
Twitter: @MaiteAzuela