En enero del 2020, el Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aprobó la Política Nacional Anticorrupción (PNA), definida como la hoja de ruta del Estado mexicano para el combate y control de la corrupción. Ésta señala que es el resultado del trabajo coordinado entre las instituciones que conforman el CC y organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, especialistas en la materia, e integrantes del sector empresarial.
Este documento, poco conocido por la ciudadanía, puede ser consultado en la internet, presenta un diagnóstico integral, muy detallado sobre el fenómeno de la corrupción e identifica el problema principal como la incapacidad para controlar la corrupción en México, desde prevenirla, detectarla y sancionarla eficazmente, lo que favorece a unos cuantos en detrimento de la mayoría.
Entre otras muchas causas, que se señalan, me parecen relevantes la prevalencia de altos niveles de impunidad en materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, la persistencia de esquemas de opacidad, ambigüedad y poca justificación en procesos de planeación, presupuestación y ejercicio del gasto público; la ineficacia de los mecanismos de participación ciudadana en el control de la corrupción, así como en la vigilancia y rendición de cuentas de las decisiones del gobierno; y deficientes reglas en materia de contrataciones públicas. Todo esto, vulnera el Estado de Derecho, propicia un ejercicio ineficiente del gasto público, restringe el acceso a bienes y servicios públicos, en especial a la población en situación de vulnerabilidad; y disminuye la confianza de la sociedad en las instituciones públicas, señalando como rasgos que caracterizan al problema público, su condición de fenómeno sistémico y de norma socialmente aceptada.
La PNA identifica cuatro Ejes Estratégicos, diez Objetivos Específicos y cuarenta prioridades de política pública que definen el rumbo estratégico para atender el problema de la corrupción, pero no contempla estrategias y líneas de acción a ejecutarse para concretar sus propósitos.
Dos años después de aprobada la PNA, en febrero de 2022, el CC aprobó un Programa para la Implementación de la Política, el cual es de aplicación y observancia obligatoria para todos los integrantes del CC. Contempla estrategias, líneas de acción, indicadores de desempeño que supone reflejarán los resultados obtenidos e instituciones responsables de la implementación para cada una de las prioridades, que se basaron en la identificación de competencias institucionales, así como en las áreas de coincidencia entre las instituciones integrantes del CC.
No quiero parecer pesimista, pero este esfuerzo se percibe lento para la magnitud del problema y no se ha visto acompañado por la voluntad política para que cristalice en una respuesta sistémica ya que a la fecha cada una de las instituciones del CC, sigue funcionado de forma individual.
Esperemos con atención el informe que presente próximamente la SESNA para conocer los avances en la implementación y el grado de cumplimiento de cada institución. Ojalá que este esfuerzo plasmado en estos documentos no termine siendo letra muerta.
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