Hoy en día con frecuencia se habla de participación ciudadana, de que las personas en edad de ejercer su ciudadanía se involucren en los asuntos públicos en las escalas nacional o local, con el propósito de no permitir que solo sean los gobernantes quienes tomen decisiones políticas que impactan en la vida pública y privada de las personas. Es constante que los ciudadanos, desde el ámbito de la sociedad civil, expresen desacuerdos o cuestionen a quienes se desempeñan en la sociedad política sobre la forma de gobernar, algo sano en las democracias maduras, pero no bien visto por los gobernantes en las que están en proceso de maduración.
Que los ciudadanos se organicen y expresen sus opiniones, y que estas discrepen de las de los gobernantes, es sano para el mejoramiento de la vida democrática, las libertades de expresión y manifestación son derechos fundamentales abrazados por nuestra legislación, algo que destaca en un país donde se gobernó durante dos tercios del siglo pasado con una simulación democrática que ocultaba un régimen político autoritario.
La simulación democrática es parte de la cultura política que se evidencia en las dos alternancias del poder ejecutivo federal, un avance para la democracia, pero insuficiente para consolidarla mientras que no se trastoquen los pilares de ese viejo régimen político. En la primera alternancia de 2010-2012 y en la actual, se abrieron espacios de participación ciudadana frente al deterioro del sistema corporativo utilizado por las élites políticas para mediar y controlar a las organizaciones sociales articuladas a través del partido de Estado, apertura que, sin embargo, no provino desde el gobierno, sino que nace y emerge desde la sociedad.
Durante el período neoliberal de las últimas tres décadas, que incluye la de la primera alternancia, otras estructuras sociales, las empresariales, que en gran parte también estuvieron corporativizadas al Estado mexicano, se fueron desincorporando ante el agotamiento del régimen político surgido en la primera mitad del siglo pasado, cobrando fuerza, en gran parte como poderes fácticos nacionales y regionales agrupados en sociedades corporativas privadas, más que como organismos gremiales. Durante las dos décadas de los gobiernos de la primera alternancia, estos poderes fácticos privados continuaron fortaleciéndose en el marco del neoliberalismo, a la par que seguía erosionándose el corporativismo estatal que controlaba a grandes sectores obreros, campesinos y clases medias, muchos de ellos desplazados que ingresaron en la precariedad social.
Al gobierno actual se le denuncia de provocar una polarización de la sociedad, sin embargo, esta polarización ideológica y política no nace en este sexenio sino es consecuencia de la polarización económico-social que convierte a México en un país marcadamente desigual, polarización provocada en gran parte por los gobiernos neoliberales. Lo que sucedió es que los ciudadanos económica y socialmente desplazados durante el neoliberalismo no tuvieron los medios para visibilizar su situación, pero conjuntamente con clases medias, también inconformes con los vaivenes en su vida privada derivados de las recurrentes crisis económicas y la orientación de la política pública a favor del gran capital, cobraron factura en la elección del gobierno actual que visibilizo su situación.
Ahora las minorías en mejores condiciones económicas, las llamadas clases altas y parte de las clases medias, se sienten desplazadas o subordinadas en las grandes decisiones políticas nacionales, aunque conservan sus intereses, mismos que ven amenazados por no poder incidir en el gobierno federal actual como lo hicieron en los anteriores. En tanto estos no ofrezcan una agenda pública que incluya a las mayorías desplazadas económica y socialmente, difícilmente podrán recuperar el poder central del país, y esto incluye a los partidos convencionales, hoy de oposición, que tienen pocas posibilidades de recuperarse con la misma oferta de gobierno que los desplazó, quizás no han entendido que necesitan reconfigurarse e integrarse más allá de alianzas electorales coyunturales, ahora posible en virtud de que encontraron afinidades políticas, más que ideológicas, e intereses económicos comunes, para continuar en el escenario político nacional y local.
En el marco de esta polarización histórica, no solo actual, y ante los vacíos y omisiones que deja el neoliberalismo en la agenda pública, evidenciada en la desigualdad social que padece México y, que, entre otros, son factores que inciden en la última alternancia en el gobierno federal, nos encontramos los ciudadanos que podremos votar por un candidato o partido para ocupar puestos públicos, pero que no les extendemos cheques en blanco a la hora de gobernar.
Uno de los problemas que tenemos para participar, no solo en los procesos electorales, es que los marcos legales que rigen esa participación son restrictivos, tanto a nivel federal como en los ámbitos municipales y estatales. La agenda pública actual no se limita a uno o dos grandes temas, estos ya se diversificaron producto de la lucha democrática que inició al ampliar los derechos civiles, y que difícilmente se restringirá por más que se cambien las leyes electorales y modifiquen las instituciones de este tipo.
Vivir en un país que se rigió por gobiernos autoritarios durante casi un siglo, ha aportado enseñanzas ciudadanas que no serán acotadas tan fácilmente, por el contrario, tiende a profundizar la democratización de la vida pública, sobre todo donde la democracia puede practicarse con una participación directa de los ciudadanos, es decir, en los niveles locales, agregando a los marcos normativos nuevos instrumentos que permitan a los ciudadanos sentirse considerados, pasar de la democracia representativa a la participativa, algo que las élites políticas locales deben considerar si no quieren verse rebasadas. Aunado a esto, están los nuevos temas de la agenda pública como la equidad de género, la protección del ambiente y la propia reducción de la desigualdad social.