Un camino lleno de obstáculos

Por compartir una frontera de 512 kilómetros con el estado norteamericano de Texas, Coahuila experimenta un importante flujo migratorio, por ende, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los no nativos en el estado aumentó cuando el gobierno actual se dedicó a mantener una política migratoria basada en un enfoque de seguridad nacional, llevando a cabo operativos y redadas para detener a las personas que no contaban con una condición de estancia en el país, con la participación no solo de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), sino también de fuerzas policiales y militares, lo que trajo consigo mayor violencia y transgresión a sus derechos humanos.

Para hablar al respecto, Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, atendió una llamada a este medio, en la que de antemano aclaró que "hay que recordar que en materia de migración sobre todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, todo ese tipo de violaciones a derechos humanos, la investigación corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en todo caso la recomendación que pudiera generarse también. En ese contexto nosotros realizamos una labor subsidiaria, es decir, podemos recoger la queja y hacerla llegar a la Comisión Nacional como parte de las soluciones que tenemos y en algunos casos podemos tomar medidas cautelares para que no se vulneren sus derechos provisionalmente en tanto que la Comisión Nacional se pronuncie".

Pero reconoció que tampoco pueden "cerrar los ojos" ante el hecho de que algunas autoridades locales estuvieran involucradas en algún tipo de violación a los derechos humanos de los migrantes.

"Hay que recordar que este grupo vulnerable es complicado en contexto de atención porque generalmente lo que pretenden es trasladarse con la mayor serenidad posible hacia la frontera para poder transitar a los Estados Unidos, entonces, es complicado, no obstante, tenemos constante comunicación con diferentes grupos de la sociedad civil organizada, defensores de migrantes que nos hacen llegar algún tipo de requerimiento de alguna violación a los derechos y evidentemente las alternamos cuando corresponde a nuestra competencia, insisto que es complicado porque además, una vez que nos hacen una referencia no tenemos ni el nombre de la persona que pudiera corroborar los hechos, pero lo que sí realizamos son actividades conjuntas con las diversas corporaciones a efecto de sensibilizarles, y de tratar de resolver problemas estructurales de trato y dar capacitación para ir reduciendo este tipo de vulneraciones".

Al preguntarle sobre la información que sí le compete a la Comisión Estatal, el funcionario ofreció el dato de que del 2019 a 2022 recibieron 49 quejas de abuso policial sobre migrantes, en las cuales se involucra más a la Policía Preventiva Municipal. El año pasado, informó Morales Valdés, se registraron 11. Y del total de las quejas, 24 están en trámite y 25 concluidas.

Morales Valdés indicó que generalmente este tipo de quejas son provistas a través de la sociedad civil que se encarga de defender los derechos de los migrantes.

Fue enfático en aclarar que "la competencia en materia de migración no corresponde a la comisión estatal, (pero) sí es importante difundir que tenemos esta labor subsidiaria que te estoy comentando para poder remitir a la comisión nacional y también para tomar medidas cautelares y precautorias, afecto a que no se vulneren los derechos de las personas".

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES DE LA CNDH

Una de las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho a autoridades de Coahuila fue a personal del Instituto Nacional de Migración del estado por detener a dos personas venezolanas a pesar de contar con permisos migratorios en regla.

La recomendación 196 realizada el 30 de septiembre del 2022 está dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por detener a dos migrantes que contaban con Forma Migratoria Múltiple (FMM), hechos atribuibles a personas servidoras públicas adscritas al INM, en el estado de Coahuila.

Para analizar este caso, la CNDH solicitó diversa información al INM, cuyo análisis y valoración acreditó que se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y libertad de tránsito de las dos víctimas.

"Las personas servidoras públicas adscritas al INM, que los atendieron después de su detención, omitieron respetar las garantías que deben cumplirse en las diligencias de revisión migratoria, así como el procedimiento administrativo migratorio", se lee en la recomendación disponible en internet.

Por otro lado, en un comunicado publicado el 16 de noviembre del 2021, se lee que la CNDH solicitó medidas cautelares al mismo INM por condiciones inapropiadas y hacinamiento de la estancia provisional migratoria en Saltillo, Coahuila.

Cabe mencionar que, la implementación de diversas medidas cautelares por la misma problemática es recurrente, lo que demuestra que esta estancia provisional migratoria coahuilense violenta de manera frecuente los derechos humanos de las personas que aloja.

En ese tenor, en julio del 2021 la comisión solicitó medidas cautelares al INM y a la presidencia municipal de Piedras Negras, Coahuila, para que salvaguardaran la integridad y protegieran los derechos de personas en contexto de migración que se encontraban detenidas en las instalaciones del Centro de Detención de Seguridad Pública Municipal.

Durante una visita de trabajo a esa prisión, personal de la Comisión de Derechos Humanos advirtió de la presencia de trece personas extranjeras detenidas y alojadas de forma indigna, ya que el lugar se encontraban en condiciones insalubres, presentaban ausencia total de aseo en las celdas, con basura, polvo, sanitarios tapados y con presencia de residuos fecales y orina. Además, no existía ventilación natural ni clima artificial, por lo que la temperatura se percibía altamente calurosa. Aunado a lo anterior, se advirtió la existencia de fauna nociva como cucarachas y ratas.

Por otro lado, en julio del 2019 la CNDH emitió, asimismo, medidas cautelares a las autoridades correspondientes por el hecho de que elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, pretendieron ingresar a la Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila, con la intención de realizar revisiones del estatus migratorio de las personas migrantes allí alojadas y solicitar información sobre ellas.

Asimismo, la Comisión condenó el hostigamiento y amenazas que personal militar y de la Guardia Nacional realizaron contra personas defensoras de derechos humanos.

Lo anterior demuestra de manera contundente que Coahuila representa un camino sinuoso para los que van de paso.

CONTEXTO EN TORREÓN

Torreón es uno de los municipios coahuilenses más importantes en el trayecto de infinidad de migrantes debido a su alcance y ubicación de las vías ferroviarias.

Además, indicó Concepción Martínez Rodríguez coordinadora del Centro de Día para Migrantes "Jesús Torres" ubicado en Las Julietas en Torreón, los migrantes se comunican entre ellos para informarse cuál es la frontera más segura para cruzar, la más viable. Manifestó que algo que toman en cuenta es si hay programas de algunas organizaciones dónde puedan solicitar asilo, tal como el centro de día.

"Hay rutas preestablecidas de acuerdo a las nacionalidades, pero no está por escrito, ellos las hacen y específicamente Torreón es un paso, casi obligado, para algunas fronteras como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León".

El año pasado, como dato, informó Martínez Rodríguez, atendieron a un total de 2 mil 590 migrantes. "Fueron 2 mil 216 hombres y 356 mujeres. Sin tomar en cuenta los que por falta de voluntarios no alcanzamos a registrar, y se nos van, que pudiera ser un 20 por ciento más".

Por su parte, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, a través de su boletín de estadísticas, puntualizó que durante el 2022 se registró en Torreón la entrada de 23 mil 744 migrantes.

En el Centro de Día para Migrantes "Jesús Torres", los que van de paso acceden a comida, cambios de ropa, medicina y hasta asesoramiento legal, pero lo que, según Martínez Rodríguez, también encuentran, es un constante acoso por parte de elementos de seguridad de distintos niveles. Acto que ella, junto con otros integrantes de la sociedad civil organizada, han señalado en diversas ocasiones a las autoridades competentes.

Fue ese empeño, lo que, tal vez, dijo Martínez Rodríguez, provocó que funcionarios de la actual administración la buscarán con la intención de mejorar esa situación.

En una reunión en la que estuvo presente Blanca Álvarez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo, se acordó con integrantes de la sociedad civil organizada que la Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón atendería los señalamientos que vinculan a elementos de seguridad vulnerando los derechos humanos de los migrantes.

Miguel Urrutia, es el actual titular de esta unidad, que, cabe mencionar, arrancó funciones a principios de septiembre del año pasado en la región. Sus ejes centrales, según Urrutia, se enfocan en dar seguimiento puntual a casos de violación a los derechos humanos en distintos ámbitos.

Uno de los puntos más importantes y que, explicó Urrutia, se expone en el Programa Municipal de Derechos Humanos, son los temas de defensa a grupos vulnerables. Aquí es donde, enfatizó el funcionario, entra la atención a los migrantes que transitan por Torreón.

En el Programa Municipal de Derechos Humanos, disponible en Internet, se puede leer que bajo el concepto de Torreón solidario: "se pretende visibilizar la situación de las personas migrantes en situación irregular, mandatando a las autoridades municipales a atender aquellas cuestiones de carácter humanitario y urgente para procurar los derechos humanos de estas personas durante su paso por el municipio de Torreón. Además, el Estado deberá garantizar en todo momento la seguridad y el respeto a la integridad de todas las personas migrantes, evitando la criminalización de estos, y promoviendo en la sociedad acciones para evitar la discriminación generalizada de estas personas".

Lo anterior es urgente debido a que, según Martínez Rodríguez los migrantes sí sufren violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de seguridad. "Los migrantes son violentados, perseguidos, amedrentados por parte de la Policía Municipal". Aunque, también, dijo, a estos maltratos se suman personal de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Acciones que, mencionó, no se ha cansado de señalar a las autoridades competentes.

Para la sociedad civil organizada que se encarga de dar protección a los migrantes, como Martínez Rodríguez, los abusos de autoridad y el atropellamiento a los derechos humanos por parte de "todas" las corporaciones activas en la región son una realidad. La coordinadora del centro enfatizó que es una acción que observa desde hace dos años que funge como coordinadora del lugar que lleva 13 años otorgando asistencia a los que van de paso.

Para corroborar lo anterior, se les preguntó a algunos migrantes que se encontraban en el Centro de Día, ¿cuál era la percepción que tenían de las corporaciones de seguridad de la región? Y la respuesta fue que los detenían y los agredían sin razón aparente. Incluso, su valoración general fue que México es el país donde más los agreden y los acosan. Esto a pesar de que lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Migración, dice que: "El Instituto (Nacional de Migración) no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes".

El reporte titulado Estadísticas migratorias. Síntesis 2022, en su momento, reveló que el Gobierno mexicano interceptó a 77.626 personas migrantes de enero a marzo de 2022, un aumento interanual de 89,3 por ciento frente al mismo trimestre del 2021. Los extranjeros presentados o canalizados por la autoridad migratoria de los primeros tres meses de 2022 son casi el doble de los 41.005 del mismo lapso de 2021, detalló el informe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

49

QUEJAS

de abuso policial sobre migrantes se recibieron del 2019 a 2022.

Derechos

En el portal oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se explica que a la población migrante, con independencia de su condición jurídica en México, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas, por ende, deben ser respetados:

*Los derechos que los migrantes tienen en México y que los debería amparar de la problemática que este reportaje describe son: el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la dignidad humana y el derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de albergues.

*En el primero se detalla que: toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano, sin que tal derecho sea restringido sino en virtud de una ley y por razones de interés público.

*El segundo puntualiza que la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, por tanto, nadie (autoridades y particulares) tiene derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a éste grupo de población. Su paso y estancia por México no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y libertad.

*Y el último se refiere a que las autoridades migratorias no tienen la atribución conferida por ley de realizar detenciones de personas migrantes que se encuentren alojados o en las inmediaciones en albergues con este fin patrocinados por asociaciones civiles o personas que presten asistencia humanitaria a los mismos.

*Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce lo anterior, las noticias sobre el trato indigno y el abuso de autoridad que sufren los migrantes en Coahuila resultan cotidianas. Una problemática que corre el riesgo de que poco a poco, sin acciones concretas que la erradiquen, se pueda llegar a normalizar.

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MIGRANTES

atendió el Centro de Día para Migrantes "Jesús Torres" el año pasado en Torreón.