AMLO ha realizado plantones, acusado fraudes y señalado gastos excesivos de las autoridades electorales. (ESPECIAL)
La historia de Andrés Manuel López Obrador con las autoridades electorales mexicanas escribió un nuevo capítulo este miércoles, al aprobarse en el Senado su llamado Plan B de Reforma Electoral con el cual, a reserva de las determinaciones de la Corte, se introducen algunos planes legislativos que el ahora presidente propuso desde las elecciones de 2006.
AMLO Y EL 2006
En julio de 2006, se realizaron las elecciones presidenciales en las que AMLO participó como candidato por el PRD, compitiendo con Felipe Calderón, del PAN; Roberto Madrazo, de la coalición Alianza por México, conformada por el PRI y el PVEM; Patricia Mercado, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina; además de Roberto Campa Cifrián del Partido Nueva Alianza.
En el proceso organizado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hubo controversias en torno a los resultados electorales, por lo que López Obrador y su partido, el PRD, denunciaron supuestas irregularidades y promovieron manifestaciones en la Ciudad de México.
AMLO y su equipo de campaña argumentaron que el panista Felipe Calderón se había robado la elección. Presentaron impugnaciones legales y promovieron protestas masivas, incluyendo una larga ocupación del Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la ahora Ciudad de México.
La situación se prolongó durante varios meses y generó una profunda división en la sociedad mexicana. El conflicto se resolvió, finalmente, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el triunfo de Calderón Hinojosa en una decisión que fue reconocida tanto por el Gobierno como por la oposición. Felipe Calderón Hinojosa, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), fue declarado ganador de la elección, con el 35.89% de los votos.
Tras el ascenso de Calderón Hinojosa a la Presidencia, AMLO mantuvo las críticas al IFE por su desempeño en diferentes elecciones y por la manera en que se organizaban los procesos. También denunció la supuesta injerencia de los poderes políticos y económicos en la elección de consejeros electorales y la distribución de recursos para el financiamiento de los partidos políticos.
En ese sentido, López Obrador y sus seguidores mantuvieron una postura crítica hacia el Gobierno de Felipe Calderón y promovieron una serie de reformas políticas para prevenir lo que llamaron fraudes electorales.
AMLO Y EL 2012
De cara a la conclusión de Felipe Calderón, en 2012 AMLO volvió a contender por la Presidencia de México, esta ocasión teniendo como rivales a Enrique Peña Nieto, por el PRI y el PVEM; Josefina Vázquez Mota, por el PAN; y Gabriel Quadri, por Nueva Alianza.
Con un proceso que arrojó un triunfo para Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador, quien era candidato de la coalición Movimiento Progresista, integrada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, el político tabasqueño impugnó los resultados de la elección, argumentando irregularidades y manipulación de los votos a favor del priista. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el primer resultado.
En respuesta, AMLO lideró una nueva serie de movilizaciones y protestas, incluyendo marchas pacíficas y manifestaciones en la Ciudad de México y otras partes del país, en las cuales exigió la anulación de la elección y la realización de un nuevo conteo de votos.
AMLO, A PARTIR DEL 2018
En 2018, cuando resultó ganador de la elección presidencial en la que contendió por la coalición Juntos Haremos Historia liderada por Morena, AMLO y su recién estrenado partido político cuestionaron la imparcialidad del INE y acusaron a algunos de sus integrantes de estar a favor de otros partidos. Sin embargo, también reconoció la importancia del Instituto en la organización de las elecciones y se comprometió a respetar los resultados.
Después de los comicios, se recrudecieron las diferencias del ya presidente López Obrador con el INE en algunos temas, como la consulta popular para juzgar a los expresidentes mexicanos, ya que, en octubre de 2020, el INE rechazó la solicitud de Morena de llevar a cabo una consulta popular sobre el tema, argumentando que la pregunta propuesta era tendenciosa. AMLO criticó la decisión y promovió una reforma para ampliar el alcance de las consultas populares.
LAS REFORMAS DE AMLO
A lo largo de su carrera política y ya desde Palacio Nacional, AMLO ha promovido varias reformas electorales, que van desde la revocación de mandato y las consultas populares a las relacionadas con el financiamiento de los partidos y el órgano electoral.
En 2019, AMLO promovió una reforma constitucional que establece la posibilidad de que el presidente de la República pueda ser revocado en su cargo a mitad del mandato, mediante una consulta popular. El mismo año, en tenor con sus críticas por el financiamiento público que reciben los partidos políticos en México y su propuesta sobre una reducción del mismo, promovió también una iniciativa para reducir en un 50% el presupuesto y destinar esos recursos a programas sociales.
Además, en 2020 impulsó una reforma para que se pudiera realizar una consulta popular sobre el juicio a los expresidentes mexicanos, aunque fue rechazada por el Instituto Nacional Electoral.
EL PLAN B
Finalmente, el año pasado, 2022, AMLO propuso la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al actual INE, lo cual fue rechazado por el Congreso y dio paso al llamado Plan B electoral que, ayer miércoles, fue aprobado en el Senado, en lo general y en lo particular, con 72 votos a favor y 50 en contra.
El Plan B contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La propuesta incluía también una cláusula de "vida eterna", la cual señalaba que los partidos grandes podían traspasar parte de sus votos a los partidos chicos que tuvieran en su alianza o coalición para que conservaran el registro. Al final, dicha cláusula fue excluida del dictamen por considerar que los votos no deben convertirse en "mercancía política".
Desde su discusión y hasta su aval, este miércoles, el Plan B electoral despertó fuertes críticas de la oposición, que acusa que con las reformas a las leyes electorales se limita política y económicamente al INE y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del TEPJF.
El proyecto suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264. También, por primera vez, se reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet.
Además, establece las bases para el voto electrónico y, por primera vez, se suprime o se prohíbe que se haga uso de instrumentos como los monederos electrónicos y las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.
Ante sus planteamientos, se han tramitado diversas acciones de inconstitucionalidad en la SCJN y el martes, un día antes de avalarse el Plan B en el Senado, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite un primer bloque de impugnaciones, frenando su aplicación en Coahuila y el Estado de México, donde este 2023 se realizarán elecciones para renovar la gubernatura.
A la par, el próximo domingo 26 de febrero, organizaciones civiles, partidos políticos y legisladores de oposición realizarán una movilización para protestar en contra de la Reforma Electoral de AMLO. Se espera que más de 80 ciudades de México y el extranjero participen en estas marchas.