Son horas decisivas. El Instituto Nacional Electoral puede quedar nulificado como institución de la democracia mexicana. En las próximas semanas se decidirá, junto con la suerte del INE, buena parte del futuro político del país. El régimen quiere un árbitro débil, quiere que el organizador de las elecciones tenga menos instrumentos para hacer su trabajo, quiere involucrar de nuevo al gobierno en los procesos electorales. Le estorba un árbitro profesional, le incomoda una institución que pueda hablar por sí misma. Anhela la sintonía de todas las instituciones del Estado con la voluntad presidencial. Esa es la democracia en la que cree: un coro en el que todos los órganos de representación y todos los núcleos de responsabilidad constitucional canten la misma tonada.
El segundo golpe al INE pasó la prueba legislativa. El primer golpe encontró la resistencia de las oposiciones que lograron detener el intento de destruir al árbitro desde su fundamento constitucional. Lo quisieron convertir en espejo de la mayoría, pero no lo consiguieron porque fueron incapaces de cambiar la Constitución.
El segundo golpe tiene el mismo propósito. El lopezobradorismo no oculta su propósito de violar la constitución a través de la ley. Ha usado su mayoría para ignorar los principios constitucionales que rigen el mecanismo electoral. La transgresión es evidente. Se pretende, por vía legislativa, convertir en cáscara a una institución del Estado mexicano. Arrancarle la pulpa de su capacidad operativa, despojarlo de los instrumentos de su eficacia. Perder más del 80% de su estructura profesional es convertir al organizador de complejísimos procesos políticos en todo el territorio nacional en una institución menesterosa. Un órgano que hoy tiene capacidad para disciplinar a los competidores se convertiría en un espectador que simplemente observa cómo partidos y gobiernos hacen lo que les da la gana sin poder intervenir con medidas disciplinarias. Quienes dieron el segundo golpe al INE quieren un árbitro ciego y escuálido.
La Suprema Corte de Justicia es el último baluarte de la democracia liberal mexicana. Quisiera decirlo con menos dramatismo, pero es así. Las oposiciones ya dieron lo que podían dar en la batalla legislativa. Solo quedan los jueces. No puede exagerarse la responsabilidad histórica de la Corte en estos momentos. Al último tribunal le corresponde afirmar con claridad la supremacía de un orden constitucional que cimenta órganos de autonomía. Las instituciones que ha ido construyendo el constitucionalismo no son telones, no pueden ser la fachada de un edificio hueco. El orden constitucional requiere vehículos sólidos para dar cauce al pluralismo político, para asentar las vigilancias, para resguardar los derechos de las minorías, para encapsular el juicio técnico de las amenazas partidistas. Todas estas instituciones: el INE, el Banco de México, el INEGI, la propia Suprema Corte de Justicia, no son nombres, no son siglas, son instituciones que requieren facultades, recursos, cuerpos profesionales, viveros de formación técnica, mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones. Eso es lo que pretende desbaratar el segundo golpe.
Si el INE cae -digo, es un decir--, no solamente se habrá destruido una institución central de la república, el espacio que nos ha permitido, por primera vez en nuestra historia, tener esas elecciones libres y competidas que han permitido las alternancias. Si el INE cae, se habrá trazado la ruta definitiva de la demolición democrática. El impulso autocrático tendrá el terreno despejado. No es necesario conformar una mayoría excepcional. La constitución puede dejarse intacta. Se le puede rendir homenaje cada 5 de febrero. Pero podrá ignorarse cuando convenga al poder. La mayoría temporal que se asume como voz indubitable del Pueblo será capaz de aplastar presupuestalmente todo envase de autonomía institucional. Siempre podrá invocarse la austeridad para sofocar los fastidiosos contrapesos. La lección de este golpe, si resultara finalmente exitoso, sería clarísima: no es necesario cambiar la constitución para satisfacer el capricho de un caudillo. Una mayoría simple bastaría para convertir a las instituciones en cortinas. En manos de la Corte está la sobrevivencia de la constitucionalidad. En el espejo del INE deben verse todos los ministros.