El T-MEC establece la prohibición que nos impide firmar acuerdos con países que no sean economías de libre mercado. Así quedó establecido en el artículo 32.10 del tratado que fue renegociado momentos antes de entrar la administración actual.
Me explico. No deja de ser una regla contraria a la libertad de comercio o más bien apunta a la libertad de conciencia. Nos encontramos enjaulados en una restricción a la que nosotros mismos hemos admitido al firmar el TLCAN y su sucesor T MEC. Lo curioso es que no tiene vigencia real ya que México viene comerciando libremente con el país de mercado de estado actualmente más significativo que es China.
Lo anterior nos lleva a precisar la naturaleza de las operaciones que estamos haciendo con China, sean de simple comercio o son parte de algún proyecto de inversión. México tiene por principio básico el libre comercio pero reservándose la posibilidad de imponer condiciones según convenga. Siguiendo las normas de la Organización Mundial de Comercio no tenemos porqué dejar de comerciar con un país de economía central de mercado si de ello se deriva alguna ventaja.
El comerciar con un país que se organiza de acuerdo con un sistema distinto al nuestro no debe tener impedimento si ello resulta en provecho de nuestros intereses por ejemplo, acelerar el desarrollo o en maduración de la economía.
Si las compras de, por ejemplo, de equipo o material ferroviario, sirven a la nación y son comercial o éticamente correctas ni violan leyes internas vigentes, no debe admitirse restricción. No debimos aceptar la inclusión del artículo 32.10 en el T MEC en la negociación que remató el tan condecorado por AMLO, Embajador Jesús Seade.
La incongruencia de las importaciones mencionadas no es solo con un tratado de comercio exterior que hemos firmado. Hay serias incongruencias con normas de comercio exterior que esas operaciones violan impunemente,
En la compra de autobuses o trolebuses chinos para la ciudad de México se ha violado la política de dar referencia en igualdad de condiciones a la fabricación nacional. Preferir importar los carros chinos completos y terminados no tiene sentido si con ello dejamos de utilizar la capacidad industrial instalada comprobada muchas veces en las exportaciones que hemos hecho a muchos mercados extranjeros empezando por el de nuestro socio norteamericano en el T MEC.
Las compras mencionadas hechas a China por el gobierno de la Ciudad de México son inadmisibles no solo por la razón aludida que tiene por finalidad aprovechar la acreditada capacidad del trabajador mexicano sino porque violan la disposición vigente relativa a las adquisiciones de gobierno de admitir un margen de preferencia en el precio ligeramente superior del artículo nacional respecto al del de una opción extranjera.
La compra realizada por una entidad oficial en desatención a las normativas correspondientes, además de jurídicamente nula, es aun más grave cuando se hace sin el procedimiento de licitación obligatorio lo que es práctica lamentablemente común dentro del ambiente de corrupción prevaleciente. La situación es todavía peor cuando, para disfrazar la irregularidad, se oculta la operación dentro del artificioso concepto de seguridad nacional que la blinda contra cualquiera indagación por el lapso que el decreto estipula. Es este ingenioso tinglado con el que se obsequia la cobertura con la que el señor presidente de la República dispone revestir de impunidad sus arbitrarias decisiones.
El caso es indicativo de otras situaciones que caracterizan la manera de actuar del que encabeza la administración actual.
Está a la luz el plagio universitario que AMLO está procurando solapar para asegurar la permanencia de su nominada Ministra a la Suprema Corte. A este efecto estamos presenciando el laberinto que está armando para blindarla contra el proceso con el que el señor Rector Graue intenta rescatar la injustamente cuestionada capacidad de castigo al delito cometido.
Otra situación, de gravísima trascendencia es la madeja de cambios que contiene el Plan B diseñada con el único fin de restarle al INE la funcionalidad que le es indispensable para cumplir su cometido de organizador, ejecutor vigilante y garante de la limpieza electoral de México.
En los tres casos que mencionamos, compra ilegal de equipos extranjeros de transporte, prestigio académico del país y defensa de la Democracia, es inevitable concluir que el actual presidente de la República falta severamente a su obligación constitucional de defender y fortalecer al México que el pueblo y el mundo necesitan en el caos general.
Hay muchos más. Los desastres en los sectores salud, educación, obra pública, ecología, manejo de migración, combate a mafias que señorean girones de territorio, combate a la corrupción, comercio exterior, promoción industrial, promoción agrícola…..
La única luz que se parpadea en este fatídico túnel político es la que brilla en los preparativos de una administración proba y sensata que en 2024 amanezca para todos sin excepción.