Hace unas semanas, Transparencia Internacional y su capítulo en México, dieron a conocer la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción. Este conocido ejercicio analiza 13 fuentes de información secundarias y registra las opiniones de una muestra plural de ciudadanos para identificar percepciones sobre el fenómeno de la corrupción en 180 países del mundo. La medición para México es poco alentadora. Durante los últimos tres años y a pesar de los discursos, el país ha mantenido un nivel de estancamiento en la materia, con el mismo puntaje reprobatorio de 31 sobre 100.
Al día de hoy, México es el país de la OCDE con mayor percepción de corrupción. De la mano de Rusia, es de las economías del G20, que más registra este fenómeno. Y a nivel regional, el país se ubica en las últimas siete posiciones, apenas por encima de países con serios problemas de criminalidad y de ausencia de Estado de derecho, como Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Las razones expuestas por Transparencia Mexicana son la falta de consecuencias frente a delitos de corrupción, el uso político de las instituciones encargadas de combatir el fenómeno y la ausencia de acciones para recuperar los recursos desviados entre otras.
Sin embargo, este último punto es de fundamental relevancia para las cuentas que el titular de la Auditoría Superior de la Federación habrá de rendir el próximo lunes frente al Congreso, momento en el que por ley debe de entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la fiscalización superior.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y con la firma de los coordinadores de los siete grupos parlamentarios, la Comisión de Vigilancia de la Cámara realizó un diagnóstico sobre el papel que ha desempeñado el órgano fiscalizador sobre la revisión del uso de los recursos públicos. En este informe se da cuenta de rezagos acumulados, de la debilidad de las acciones de fiscalización como pieza clave del combate a la corrupción y de la inacción que ha tenido el ente revisor en la formulación de investigaciones y denuncias que se debieran derivar de los desvíos detectados.
La autonomía técnica, de gestión y presupuestaria de la que goza la Auditoría Superior de la Federación, no debe confundirse con anarquía. En contextos de corrupción sistémica, los vigilantes están llamados a rendir cuentas.