En la columna anterior comentamos la pertinencia de formular preguntas a los candidatos a gobernar Coahuila, enfocadas a dos temas clave de la agenda ambiental pendiente: el fracking y el agua. El primero ya lo abordamos y ahora nos referiremos al segundo, tema que no solo tiene una expresión territorial en el norte del estado, sino una dimensión en todo su territorio.
En el marco regulatorio que deriva de la Ley de Aguas de 1992, Coahuila no está exento de la mercantilización a que se sometió este recurso natural, facilitando la explotación de los recursos hídricos de una forma tal que ha afectado a ecosistemas naturales como a la propia población. De entrada, al estar ubicado el territorio coahuilense dentro de la ecorregión desierto Chihuahuense, cuenta con limitada y desigual disponibilidad, lo que no ha excluido que algunos, quizás los más importantes cuerpos de agua dulce, presenten problemáticas derivadas de la gestión no sostenible que se ha hecho de ellos.
El agua, al igual que los hidrocarburos como el gas o petróleo de lutitas, es regulado por la legislación federal, por lo que, como señalamos la semana anterior, no se encuentra dentro de la jurisdicción de los gobiernos de los estados, de ahí que debemos reconocer que el deterioro de los recursos hídricos es resultado de la omisión, y en algunos casos complicidad, que corresponde a las instituciones federales sobre esa regulación. Lo anterior no excluye que los gobiernos estatales expresen una postura e incidan ante los usuarios de agua y la federación, hacer la parte que les corresponda al respecto, definiendo con ello el tipo de gobierno que tendremos, por eso es importante saber que piensan y que pretenden hacer sobre este tema los candidatos que aspiran a la gubernatura.
Debe reconocerse que el gobierno estatal ha intervenido en algunos casos. Uno de ellos, la tragedia del río San Rodrigo en la frontera norte, apoyó las denuncias ciudadanas contra las empresas que extraen materiales pétreos, o el caso del apoyo que ha brindado a municipios laguneros en mejorar la oferta de agua para la población; sin embargo, en el primero de ellos dichas empresas continúan destruyendo el cauce ribereño y el hábitat aledaño, o en el segundo no se expresa sobre las causas del desabasto y daños a la salud que la población lagunera sufre. Otro caso es Cuatrociénegas, donde su intervención ha incidido en la contención del daño a las pozas y el impacto en la afectación del capital natural que ahí se alberga.
No son los únicos casos porque los cuerpos de agua dulce de la entidad, y en sí de gran parte del territorio nacional, están sujetos a constantes amenazas que exigen un cambio de fondo en la legislación y la política hídrica nacional, algo que no se ve y que por consecuencia anuncia la persistencia de la mayor parte de las crisis hídricas locales, como también se observa en el último tramo vivo del río Nazas, particularmente en el Cañón de Fernández, el humedal más importante de esta región, o las que ya se apuntan hacia su par en el río Aguanaval.
Para los ciudadanos es importante que los candidatos expresen definiciones claras sobre el estado de los recursos hídricos en la entidad, que su agenda ambiental denote un compromiso por la protección y conservación de los cuerpos de agua dulce existentes en ella, que no omitan o evadan esa definición y se conviertan en un factor clave, aun cuando no se su jurisdicción, que acote las ambiciones de los usuarios de agua y la omisión del gobierno federal. Finalmente, son recursos naturales dentro del territorio estatal y la población afectada por las acciones depredadoras de esos usuarios, serán ciudadanos a los que le corresponderá gobernar.
La postura de un gobernador, que se debe definir desde que es candidato, no es la misma que la de un diputado local o federal, o un senador, quienes se limitan a gestionar ante las cámaras legislativas puntos de acuerdo contra la expoliación del agua en lugares como La Laguna, ya que estas son recomendaciones que no hacen mella en las instituciones reguladoras de este recurso. Además, una vez que logran esos puntos de acuerdo no los convierten en temas de su agenda, ni mucho menos ejercen un liderazgo ciudadano sobre ellas, en el mayor de los casos se convierten en políticos igualmente omisos ante este tipo de problemáticas que aquejan a quienes votaron por ellos.
El ámbito de incidencia de los alcaldes también es limitado. Si bien tienen la responsabilidad de suministrar agua a los ciudadanos de sus municipios, carecen de facultades legales para resolver problemáticas complejas como la de La Laguna, donde el origen del desabasto y los daños a la salud que sufren sus gobernados están asociados a la sobreexplotación de los acuíferos, donde el otorgamiento de concesiones de agua y la regulación de las extracciones del subsuelo son competencia federal. Hacen los que está a su alcance, mitigar el problema, aunque tampoco se expresan sobre dichas causas, evitan incomodar a los que lo provocan.
Si bien los problemas hídricos locales dentro de la entidad son complejos y en algunos casos añejos, como ciudadanos creemos que la definición de los candidatos a la gubernatura del estado sobre temas cruciales como estos, nos dirán algo importante sobre sus perfiles y agendas políticas por las cuales aspiran a esos cargos.