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Organismos de la sociedad civil lamentaron que la Junta de Coordinación Política del Senado haya cancelado el encuentro que se tenía previsto llevar a cabo para exponer sus argumentos contra el Plan B electoral.
Unas 84 agrupaciones civiles mexicanas expusieron en enero pasado su rechazo a las modificaciones a la legislación electoral que está a punto de aprobarse, y su intención de establecer un diálogo con los senadores.
Según señalaron en un documento, se trataba de un ejercicio democrático y de una forma de subsanar la falta de diálogo, evaluación y acuerdo del que adolece la propuesta conocida como Plan B.
"Era, quizás, el último intento para mostrar a las y los senadores el carácter inconstitucional de la reforma y de alertarlos sobre las consecuencias de un desmantelamiento institucional que dejará a México sin la seguridad de contar con elecciones limpias y de garantizar la autenticidad del sufragio", indica el escrito.
Sin embargo, a pocas horas de celebrarse esta reunión, fue cancelada bajo el argumento de que no había acuerdos y por complicaciones internas entre varias fracciones parlamentarias que controlan la mayoría simple en el Senado.
Por este motivo, señalaron que a la presunción de inconstitucionalidad del Plan B por no respetar el proceso legislativo como por su contenido destructivo, se suman la cerrazón y falta de argumentos que están en el fondo de esa decisión.
Las 84 organizaciones, entre las que figuran Poder Ciudadano, Unidos, entre otras, buscan con esta reunión exponer las razones y evidencias "ante una destrucción que pone en jaque al trabajo de todas las autoridades electorales en México, Es decir, explicar los motivos del pronunciamiento que fue conocido por la opinión pública a finales de enero de este año".
Los reclamos se suman a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Gobierno de Coahuila que presentó una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por las reformas del Plan B que modifican la Ley General de Comunicación Social y afectan la soberanía de las entidades.
El gobierno estatal argumentó que se viola la soberanía al "invadir" las facultades constitucionales para la aprobación del presupuesto y cómo se ejerce.
Asimismo, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, anunció que Lerdo se suma al amparo colectivo que promueve la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.