Los delitos que se denunciaron en su mayoría fueron por compras de votos.
De las 96 denuncias que se registraron por delitos electorales durante las elecciones 2021 para la renovación de Ayuntamientos en Coahuila, alrededor del 63 % se fueron a archivo temporal, esto ante la falta de elementos para poder judicializar.
Fue hace unos días que Luis Zavala, excoordinador de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, informó que en el mes de diciembre fue denunciada la nueva delegada de Bienestar, Claudia Garza por delitos electorales en la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo al titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de la FGE, Esteban Sánchez, hasta el momento no se han presentado denuncias desde que dio arranque el proceso electoral 2023, no obstante, se encuentran listos para dar trámite a las que se vayan presentar.
Recordó que en el proceso electoral 2021, fueron 96 carpetas las que se abrieron por denuncias y conductas en materia penal.
"Nosotros investigamos todas las denuncias y si se encuentran motivos suficientes para judicializar, lo hacemos, si no se determina la carpeta y la mandamos a archivo temporal, por si existen más elementos", dijo.
Indicó que de las 96 carpetas, alrededor de 61 se enviaron a archivo temporal, mientras que el resto están en trámite y una más fue judicializada.
La mayoría de las denuncias fueron en municipios con más población, como Saltillo y Torreón.
Aseguró que en una de ellas fue señalado un funcionario público, sin embargo, tras la indagación, se determinó el no ejercicio de la acción penal, mientras que la mayoría de los señalados fueron ciudadanos o simpatizantes de diversos partidos.
De las que pudieron concluirse, informó, por el momento se determinó una suspensión condicional del proceso en el Juzgado Penal, motivo por el cual no ha derivado en alguna sentencia.
Destacó que los delitos que se denunciaron en su mayoría fueron por compras de votos.
Por otro lado, otros delitos denunciados en éstas, fue el traslado de personas a bordo de transporte, a quienes se les instruyó por quien votar, coacción del voto, apoyo de funcionarios con recursos públicos de dependencias, entre otros.
Lamentó que el delito de la compra de votos es de difícil comprobación, situación que complica la judicialización de las carpetas.
"No se cuenta con todos los elementos, además no encontrar a quien imputarles las conductas", dijo.
Lamentó que además, muchas denuncias se realizan por teléfono, no obstante, no se proporciona la información necesaria.
Alrededor del 63 % se fueron a archivo temporal, esto ante la falta de elementos para poder judicializar.