Se presentaron demandas de controversias por el Gobierno del estado y de algunos municipios. (ESPECIAL)
El Gobierno de Coahuila presentó una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por las reformas del Plan B que modifican la Ley General de Comunicación Social y afectan la soberanía de las entidades.
El gobierno estatal argumentó que se viola la soberanía al "invadir" las facultades constitucionales para la aprobación del presupuesto y cómo se ejerce. Agregando que busca "que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado y defender los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos".
La ley impugnada es inconstitucional pues, no obstante, que ya existe un presupuesto debidamente aprobado para este ejercicio 2023 para el estado y los municipios, busca modificar de forma indebida las bases conforme a las que se ejerce de forma transparente el presupuesto aprobado.
A través de la demanda, el Gobierno del Estado de Coahuila, pretende el restablecimiento del orden constitucional a fin de que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado y defender los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos, algo que no sería posible de prevalecer la reforma aprobada en el congreso federal.
La demanda será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A la exigencia, se sumó el Ayuntamiento de Torreón, cuando hoy viernes la síndica de mayoría firmó una controversia en su calidad de representante jurídica.
Por su parte, el Gobierno Municipal de Saltillo también acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exponer una controversia constitucional contra el Plan B de la Reforma Electoral.
PLAN B, NO APLICA
Por su parte, ayer el TEPJF señaló que las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social contenidas en el Plan B de la reforma electoral no serán aplicables a los procesos locales de Coahuila y el Estado de México de este año y sientan un precedente para las elecciones federales de 2024, según la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Lo anterior debido a que dicha reforma, publicada el 27 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación incumple con el Artículo 105 Constitucional, al no haberse emitido por lo menos 90 días antes del proceso local que inició el pasado primero de enero en ambas entidades, donde se renovarán gubernaturas y el Congreso Local en el caso de Coahuila.
Esta decisión se dio con la aprobación del proyecto del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-7/2023, relacionado con la denuncia del PRD en contra de Morena, gobernadores y servidores públicos afines a ese partido, precisamente por un acto partidista celebrado en el municipio de Francisco I. Madero, denominado "Unidad y Movilización" el pasado 26 de junio de 2022.