(ESPECIAL)
La organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) recriminó este martes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por el arresto de la madre de un opositor preso, que llevaba más de tres años pidiendo la libertad de su hijo.
“La terrible dictadura somocista, siendo usted un prisionero político, le respetó sus derechos como preso, su madre tuvo todas las posibilidades de contribuir a la lucha por su libertad y la de todos los inocentes que le acompañaban”, reclamó el Cenidh a Ortega, quien estuvo siete años preso bajo la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, a la que ayudó a derrocar en 1979.
El Cenidh se refirió al caso de Martha Ulloa, una mujer que de 60 años que pasó los últimos tres reclamando la libertad de su hijo Marvin Castellón, un crítico de Ortega que es considerado “preso político” por los organismos humanitarios nacionales e internacionales, tal como ocurrió en la década de los años 70 del siglo pasado con Lidia Saavedra, madre del reo que llegó a ser presidente de Nicaragua.
Ulloa fue capturada el 11 de enero pasado por la Policía Nacional y posteriormente fue acusada de un delito que las autoridades nicaragüenses no han especificado, pero que supuestamente causó ofensa a Nicaragua y su sociedad.
Dirigente del Grupo Secuestrados Políticos Unidos, Ulloa gozaba de medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde febrero de 2022, pese a lo cual fue detenida.
“Exigimos que la libere de inmediato, no se ensañe con las madres que reclaman lo que su mamá exigió por usted en el pasado”, sostuvo el Cenidh, en sus redes sociales.
Según datos avalados por la CIDH, en Nicaragua hay al menos 250 “presos políticos”, entre líderes opositores, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, empresarios, feministas, estudiantes, y otros críticos de Ortega.
El Cenidh señaló a Ortega de construir “su propia narrativa para rechazar la naturaleza dictatorial de su Gobierno, cuando sus hechos demuestran lo contrario, al violentar los derechos de los presos de conciencia y el de sus madres”.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el estallido antigubernamental de 2018 considerado por Ortega como un “golpe de Estado fallido”, que resolvió con ataques armados que, según la CIDH, dejó al menos 355 muertos, de los cuales el presidente, quien gobierna ininterrumpidamente desde 2007, ha reconocido 300.