Dos asuntos se relacionan de importancia en estos momentos. El primero es la organización de las elecciones. Por ahora se trata de las próximas por celebrarse en Coahuila y el Estado de México. La manera de realizarlas se tomará como indicador del tono con que el gobierno y su partido tratarán los comicios para escoger presidente de la república para el período 2024- 2030. Ello indicará si el país habrá avanzado o bajado en calidad democrática.
A este respecto hasta ahora no se ha dado importancia en la selección del candidato presidencial a la participación de las organizaciones cívicas pese a que a ellas debemos la existencia de las instituciones electorales que norman el actual proceso electoral cuya absoluta imparcialidad es indispensable.
Hasta ahora solo se conocen las tres o cuatro personalidades presentadas por Morena para candidatos a presidente de la república. Sigue Claudia Scheinbaum como la preferida por el presidente López Obrador, además de otras figuras relevantes que podrán ser comodines en el juego de la candidatura oficial.
En los sectores sociales son pocos los personajes que han tenido el valor para postularse. Entre ellos están Medina Plascencia, Santiago Creel, o el gobernador saliente de Yucatán para citar panistas y Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Massieu del PRI. La lista se alargará con figuras postuladas por las organizaciones cívicas los que podrían encontrar albergue en los partidos.
Para que 93 millones de empadronados se enteren y conozcan a los aspirantes a ser presidente, el debate público entre ellos es el método más directo y efectivo para conocer sus posiciones y propuestas concretas.
No basta que entidades privadas organicen encuentros entre candidatos. Al INE le toca convocar y realizar debates neutrales e independientes del gobierno. Los partidos políticos y las asociaciones cívicas informarán al INE nombres y calificaciones personales de los participantes y el resultado de encuestas certificadas del respaldo ciudadano con que cuenten.
El INE sería solo el facilitador de los debates y se limitaría a ofrecer espacios y servicios de organización.
Así como los asuntos electorales afectan todos los órdenes de la vida nacional, el otorgamiento de títulos profesionales es materia delicada con graves repercusiones en la sociedad.
El plagio integrado a la tesis presentada para su examien profesional por Yazmin Esquivel, hoy Ministra de la SCJN, fue confirmado por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón constituye un hecho que anula la validez jurídica de la aprobación acordada por el engañado jurado.
La denuncia hecha por Guillermo Sheridan se enredó en un enjambre de declaraciones, cartas e interpretaciones jurídicas y artículos periodísticos desordenado que el presidente de la república aprovecha y agita para dejar clara su preferencia por la señora plagiaria, confirmada defensora de la 4 T.
Lo anterior sucede cuando los presidentes de otros países dejan saber su preferencia social o política, por un determinado candidato a ser ministro de la Suprema Corte y asi auspiciar sentencias o decisiones que le favorezcan.
Aquí, para disfrazar el entuerto se llegó a culpar de plagiario a otro estudiante Edgar Ulises Baez quien, entrevistado, aclaró la imposibilidad de haber copiado trozos de un proyecto de tesis de Esquivel, por cierto posterior.
Es innegable la nulidad de pleno derecho del titulo de abogada que, de buena fe, otorgó un jurado engañado. La anulación no corresponde a la SEP. Como lo explica el abogado de la Dirección de Profesiones, las cédulas profesionales son autorizaciones administrativas para ejercer una especialidad. Es la universidad la que determina la calidad académica y define el título profesional de quien cumpla los requisitos correspondientes, que al no llenarse, dejó a la Ministra Esquivel como impostora.
El Rector Graue en su amplia declaración de ayer se muestra demasiado escrupuloso al dejar a la Comisión de Honor del Consejo Universitario la tarea de estudiar el caso para después invalidar el examen profesional al igual que su documento de aprobación.
Negada, afortunadamente, la presidencia de la SCJN, insistir en que continúe Esquivel como Ministra es apoyar la corrupción y el engaño. A López Obrador más le vale alejarse del caso y dejarlo a las instancias correspondientes de la UNAM.
Dos instituciones respetables e indispensables para la salud y tranquilidad de México, el INE y la UNAM han sido atacadas con obsesiva terquedad por AMLO desde siempre con la intención de destruir instituciones para luego amoldar a México a un primitivo socialismo.
Son solo dos casos. De la responsabilidad de la ciudadanía consciente depende que 2024 no marque la continuación del frustrante ensayo.