De vez en cuando, la justicia se convierte en un reality show. En un combate en tiempo real que enfrenta a los abogados del Estado y de la defensa en una lucha feroz que se da frente a otro abogado, el juez; en la sala de un tribunal y en la que participan otros actores en calidad de testigos, peritos y policías. En un momento dado, los espectadores suelen dar por sentado que, llegado el momento, el sistema de justicia funcionará como es debido y se alcanzará el desenlace correcto. Sólo que, en sistemas penales como el de Estados Unidos, hay un jugador impredecible del que depende el resultado y que además no tiene que dar explicaciones a nadie: el jurado. Esos ciudadanos celosamente seleccionados por los abogados en pleito, cuyo veredicto según su conciencia y sólo su conciencia puede destrozar una existencia, romper familias, separar personas y encerrar a seres humanos de por vida. Y que en el caso de Genaro García Luna puede, por su puesto, poner al descubierto si es verdad que el Estado mexicano pactó con grupos de la delincuencia organizada en los tiempos en que el otrora superpolicía dirigió los aparatos de prevención e investigación de los delitos en el ámbito federal. Y si es verdad, también, que ello ocurrió mientras el gobierno norteamericano lo premiaba y condecoraba por sus logros en el combate al narcotráfico.
Por ello es que el juicio que recién inicia contra García Luna, precisamente con la selección del jurado, es sumamente trascendente. Rebasa con mucho la posibilidad de que una persona sea culpable de delitos contra la salud y delincuencia organizada. En realidad, se tratará de saber si el más alto funcionario del gobierno federal detenido y enjuiciado en los Estados Unidos quiso y pudo acordar con jefes del narcotráfico el trasiego internacional de droga y brindarles protección. Si actuó por iniciativa propia o con la tolerancia de las autoridades políticas del gobierno mexicano. Cómo logró actuar de esa forma y al mismo tiempo recibir honores precisamente de las instancias norteamericanas encargadas de perseguir el narcotráfico -lo que el presidente López Obrador llamó "doble vida"-. Y, finalmente, qué lo llevó a establecer su residencia personal en el territorio cuyas leyes hoy se le aplican.
Menuda tarea le espera al jurado en ciernes. Bien visto, el juicio contra García Luna será también un juicio contra México y contra los Estados Unidos también, aunque no se quiera. Simplemente, es imposible que lo que se supone hizo García Luna durante tantos años haya ocurrido sin que ambos gobiernos lo supieran y toleraran. Por ello, en la íntima convicción de doce ciudadanos, que se supone estarán allí para proteger a los involucrados y garantizar la independencia del tribunal, se tejerá el futuro inmediato en la relación binacional frente al narcotráfico y la delincuencia organizada. Si el jurado falla que García Luna es inocente, será puesto en libertad y los gobiernos quedarán absueltos ipso facto. A lo que sigue. De lo contrario, de resultar culpable, más allá de la condena individual en prisión, México y Estados Unidos tendrán que dar muchas explicaciones y enfrentar consecuencias difíciles, que quizás no quieran asumir. Pronto se sabrá.
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