Apenas por culminar el episodio trinacional cuyas consecuencias reales habrán de conocerse más adelante, la realidad mexicana volvió a imponerse, con sus características nada vaporosas.
Justin Trudeau iba finalizando su estancia en nuestro país, con el ofrecimiento obradorista de que serán escuchadas las posturas de empresas canadienses inconformes con reglas de la llamada 4T, cuando ya la mira mediática cambiaba de lugar y se posaba en el tema delicado de la tentativa de homicidio que en diciembre pasado se cometió contra el periodista Ciro Gómez Leyva.
Omar García Harfuch, aspirante policiaco a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, fue la figura narrativa central, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en discurso políticamente postraumático, luego de lo de la línea 3 del metro. Once detenidos, imágenes y explicaciones detalladas pero sin resolver aún lo principal: ¿quién y por qué ordenó asesinar al relevante conductor de programas de radio y televisión?
Esclarecer integralmente el caso Gómez Leyva es fundamental. No solo en el plano de los ejecutores materiales fallidos sino, sobre todo, en el del móvil y la autoría intelectual. Es explicable el sigilo que se debe guardar respecto a fases venideras de las investigaciones (la fiscala Godoy deslizó, ante insistencia periodística para que diera más datos: "tenemos indicios de otras cosas"), pero mucho ayudará a las autoridades (no solo a las capitalinas) el que sin gran dilación se disipen dudas y especulaciones.
A la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por su parte, parece habérsele terminado el espacio de tortuoso recorrido que le fue abierto en el contexto de su búsqueda de presidir la Corte y a propósito de su tesis de licenciatura que ayer un comité de la Facultad de Estudios Superiores del campus Aragón de la UNAM consideró una "copia sustancial" de la publicada un año atrás por otro universitario.
Más allá del ámbito académico y profesional, la caída de Esquivel Mossa ha representado el último intento con visos (entonces) de viabilidad para impulsar un hipotético proceso de reforma judicial profunda. La primera carta que el obradorismo jugó fue la del ministro Arturo Zaldívar, a quien se buscó implicar en una treta de continuidad en la presidencia de la Corte durante dos años, sin elección ni nada, al estilo que Jaime Bonilla quiso implantar en Baja California. Pero Zaldívar declinó cuando las críticas por tal tentación arreciaban.
La ministra Esquivel fue la segunda carta, impugnada de origen por su relación conyugal con un empresario constructor muy presente en obras de administraciones perredistas y, luego, morenistas. La enorme piedra colocada en el camino de Esquivel canceló las opciones reformistas nunca precisadas y dio paso a la ministra Norma Piña, a la que los opositores a López Obrador han felicitado con insistencia al considerarla como un triunfo que preservará una independencia del poder judicial que en gobiernos apoyados por los críticos de hoy no se respetó ni procuró.
El carril de la batalla política contra el obradorismo actual y sus perspectivas electorales en 2024 quedó también despejado a favor de los opositores con la nueva presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde fue electo Guillermo Valls Esponda. Tanto la nueva presidenta de la Corte, como el nuevo presidente del tribunal de justicia administrativa, fueron promovidos en su momento por el entonces ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto.
A propósito de peñismo, y de otros ismos avenidos en diversos grados en el llamado Grupo Atlacomulco, hoy se espera la confirmación de la candidatura priista (con PAN y PRD como acompañantes) de Alejandra del Moral para gobernar el Estado de México. ¿Carta marcada, para simular pelea y finalmente perder, en arreglo o no, ante la morenista Delfina Gómez?
¡Hasta mañana!