EDITORIAL

El costoso camino de la democracia

Yohan Uribe Jiménez

No se puede hablar de democracia sin libertad de competencia. Si bien, los partidos políticos tienen secuestrado el sistema a través de un sin fin de mecanismos legales que les permite acceder a recursos públicos y prerrogativas, dejando en desventaja a cualquier ciudadano que aspire a un cargo de elección popular por la vía independiente, la ley es la ley. Este año electoral en Coahuila los partidos recibirán del Instituto Electoral de Coahuila 233 millones de pesos y en medio de esa coreografía de dinero público, no se vislumbran autoridades con la capacidad de fiscalizar y garantizar, ya de perdido, el buen uso de estos.

Como los llamados a misa, o las decorativas recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, periodo tras periodo electoral hemos visto a un instituto electoral rebasado por los partidos y casi al servicio de los mismos, especialmente al que está en el poder. Tampoco, al menos en los últimos 12 años, hemos visto una sanción ejemplar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Coahuila, a los partidos que rebasan los topes de campaña, los candidatos que violan la ley o reciben financiamiento ilegal, muchas veces del crimen organizado.

Como haciendo honor al refrán popular "hecha la ley, hecha la trampa", los partidos recurren a terceros disfrazados de asociaciones civiles o colectivos, para gastar millones que superan incluso el presupuesto, en espectaculares, campañas digitales en redes sociales y todo tipo de publicidad, acciones de las cuales escuchamos hablar proceso tras proceso, pero de las que nunca conocemos investigaciones serias que terminen con alguna sanción y logren consolidar jurisprudencia al respecto.

Para un proceso electoral de la envergadura del que tendrá lugar en junio de este año en el estado, parecen poco 233 millones de pesos. Este año, el PRI tendrá 68 millones 290 mil pesos, seguido de Morena que recibirá 32 millones 67 mil pesos, mientras que el PAN contará con 20 millones 580 mil, el Partido Verde 12 millones 307 mil pesos, y Unidad Democrática de Coahuila 13 millones 14 mil pesos. Dinero de los coahuilenses, quienes incluso ante todos los difíciles panoramas económicos que se han vivido con la pandemia, tuvieron que ver que la autoridad electoral incrementara en un 33 por ciento el presupuesto para los partidos, con respecto al 2017, cuando destinaron 176 millones de pesos.

Tienen razón quienes sostienen que esto es apenas una diminuta parte del verdadero dinero que circula en una campaña, entre dádivas, compra directa del voto, campañas sucias y súper asesores importados, distintas iniciativas dirigidas a contar los gastos de campaña, consideran que en un estado del Norte de México la elección a gobernador puede estar por arriba de los dos mil 500 millones de pesos, por lo que siempre es justa la pregunta ¿de dónde sale semejante cifra? Y quienes la ven como una inversión, ¿de qué forma se cobrarán una vez gané su candidato?

Es por eso que es importante exigir a la autoridades un verdadero control sobre el financiamiento de los procesos electorales, no solo porque garantiza una competencia más sana, sino porque asegura la independencia en el acto de gobernar, no se puede llegar al poder condicionado por sectores empresariales, criminales o partidistas que busquen injerencia sobre el presupuesto público luego de haber acercado millonarios recursos a los candidatos para hacer posible su llegada al poder, y aunque sea una elección estatal para renovar gobernador y congreso local, la jurisdicción incluye no solo al estado sino a las autoridades federales.

El INE, que ha logrado una jugada de ajedrecista con la polarización que atraviesa el país, para evitar lo que es inaplazable, una reforma en su interior, derogará este año a los partidos políticos a nivel nacional, 6 mil millones de pesos, de los cuales seguramente llegarán varios cientos de millones de pesos tanto a Coahuila como al Estado de México, donde la elección a la gubernatura servirá como telón del proceso electoral del 2024. Claro que, con esos presupuestos tan jugosos, ahora entendemos que sigue valiendo la pena jugar a la oposición y negociar con la ideología según convenga.

Apropósito, llama la atención que mientras el INE se roba los focos, los que han pasado inadvertidos son la mayoría de los institutos estatales electorales, que no solamente tienen vicios en la elección de sus consejeros, casi todos obedientes a los gobernadores, sino cuyos millonarios sueldos en ocasiones superan al presidente. Sino habría que ver la autoliquidación de un millón 164 mil 769 pesos con la que se fue la exconsejera presidente del IEC Gabriela de León, quien además de haber ingresado con un modesto patrimonio al instituto electoral de Coahuila, ahora cuenta con propiedades, además de inversiones y cuentas en el extranjero.

@uyohan

Escrito en: millones, electoral, partidos, elección

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