Evidentemente es un éxito para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la captura (o recaptura) del Ovidio Guzmán López, alías el Ratón, hijo del prominente capo por todos conocido Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán.
El hecho de ayer es precedido por un supuesto ridículo que se suscitó el jueves 17 de octubre de 2019, cuando un convoy de militares se dirigió a la casa de Guzmán López en Culiacán para ejecutar una orden de un juez estadounidense. Los soldados lograron capturar a Guzmán López, ?pero rápidamente se vieron rodeados por los hombres armados del cártel. Éstos comenzaron a atacar objetivos gubernamentales y militares alrededor de la ciudad y se podían ver enormes torres de humo saliendo de autos y vehículos en llamas. Los narcotraficantes estaban bien equipados, con chalecos antibalas y ametralladoras pesadas. Al final, Guzmán López fue liberado después de que ocho militares fueron tomados como rehenes.
El presidente desde ese entonces defendió la decisión de liberar a Guzmán López, argumentando que evitaba pérdidas humanas.
Catalogo como supuesto el hecho de la liberación en aquella ocasión del hijo del Chapo, puesto que cualquier persona medianamente educada podría entender que liberar a un criminal al que ya está en resguardo por las fuerzas del orden por temor a las represalias que las huestes del detenido pudiesen emprender, es sencillamente reconocer desde la tribuna política más alta del país, en este caso la presidencia de México, que se ha perdido el monopolio de la fuerza y con ello se reconoce de facto el establecimiento de un Estado Fallido - en el caso de México hay que decirlo, se trata de un Estado parcialmente fallido, puesto que muchos de los órganos del propio Estado siguen operando, más la pérdida del uso exclusivo de la fuerza es un hecho suficiente para poder decretarlo-
El problema es que para una sana y armoniosa convivencia para el bien común prevalezca, es menester contar con un estado de derecho que realmente subsista y para ello se requiere fundamentalmente par de circunstancias: un marco normativo que fundamentalmente respete ampliamente los derechos humanos en todas su facetas, y por extensión procure la observancia de los derechos sociales bajo un principio de amplia justicia tanto en la forma como el fondo; igualmente se requiere de instituciones que actúen bajo este marco normativo y se aseguren que los particulares también lo observen mediante incluso la coerción.
Esto sería en un mundo ideal, no en el mundo mexicano. En aquellos lugares donde la política supere claramente al derecho el destino de las naciones que así lo padezcan no puede ser halagüeño, como es el caso.
Hay que aplaudir la actuación del gobierno que finalmente aprendió a una de las máximas figuras del crimen nacional, lo que en este caso puede dar muestra que nadie es impune para siempre, pero no se puede perder de vista que así como lo que hoy parece un éxito, quizá no lo sea tanto. El Culiacanazo de octubre de 2019 no hizo mella al entonces Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien después de ser la cara de la funesta estrategia de seguridad pública que hoy tiene a muchas zonas del país convertidas en verdaderos territorios bajo el absoluto dominio del crimen organizado, y que es ya el sexenio más violento en cuanto a asesinatos se trata desde tiempos de la revolución, hoy despacha como gobernador de Sonora. Su ambición política fue satisfecha no obstante tantas vidas humanas se perdieron por su impericia.
Y qué decir del presidente de México, quien además de ser el último responsable de la seguridad pública de los mexicanos y ser el mandatario donde más homicidios han ocurrido bajo su gestión, sigue gozando de enorme popularidad, no obstante sus tropelías y desaciertos en la propia materia de seguridad como muchas otras.
Reconocer sin cortapisas la acción policial de ayer, su calado y trascendencia, pero no se puede dejar de observar que los problemas presentes y futuros de México continuarán mientras se siga gobernando alejándose cuando apetece del orden legal plasmado en él las leyes.