El balance en ciencia y educación superior durante el 2022 fue tan desalentador como los tres años anteriores: continuamos sin una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto se mantiene en un porcentaje menor al 4% respecto al total del PIB -para 2023 se destinará sólo el 0.35%- y la criminalización y precarización de la vida científica continúa.
La simulación gubernamental para el 2023 se encuentra en dos temas principales, el supuesto aumento del presupuesto para la ciencia y la "transformación" gubernamental consistente en darle la espalda a una ciencia neoliberal para fomentar una de carácter humanista. Es verdad, el presupuesto asignado para la ciencia, tecnología e innovación obtuvo un aumento del 11% respecto al 2022, pero este incremento se diluye porque la mayor parte se destinará a tareas que nada tienen que ver con investigación y desarrollo de la ciencia en México.
La Dra. Brenda Valderrama Blanco, investigadora de la UNAM e integrante de la Red ProCienciaMX, denunció ante el Congreso cómo alrededor de 10 mil millones de pesos se desviarán para que la Secretaría de Energía compre títulos y valores, así como para que la Comisión Federal de Electricidad gaste en obra pública y adquisición de bienes. Esto contraviene también el discurso de la lucha contra el neoliberalismo, pues estos títulos, valores y obras públicas, son recursos que se inyectarán, entre otras, a empresas privadas y compañías transnacionales. Ninguna de ellas caracterizadas por su carácter social o humanitario.
Además, si tomamos en cuenta que las estimaciones de la Secretaría de Hacienda son muy optimistas en su perspectiva de recaudación, inflación y crecimiento del PIB, es muy probable que el aumento se diluya o se deje de gastar lo programado por las políticas presidenciales de "austeridad franciscana" y se derive por el subejercicio a los proyectos prioritarios, como ya pasó en años anteriores, así como con el destino del dinero de los fideicomisos.
Con más de dos años de retraso, parece que en 2023 por fin contaremos con una nueva Ley general de ciencia, pero esta no necesariamente es una buena noticia. Siendo realistas, lo más probable es que se mantenga la tendencia legislativa de aprobar cambios sin discusión ni cambiar una coma. Poniendo por encima la popularidad y los triunfos electorales por encima de la razón y el diálogo nacional en beneficio de la ciudadanía. Por lo que Morena y sus aliados harán todo lo posible por aprobar el anteproyecto formulado por el Conacyt y que se ha detenido porque es una propuesta que carece del apoyo de la comunidad científica y que, de aprobarse en sus términos, generará un grave conflicto con quienes participan en la vida científica nacional.
Mi deseo al iniciar el año -iluso tal vez-, es que el Congreso de la Unión considere todas las propuestas en ciencia, tecnología e innovación presentadas por los diversos grupos parlamentarios, incluyendo la que presenté mientras fui Senador titular. Este proyecto fue redactado y apoyado en conjunto con la red ProCienciaMx y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).
La propuesta inclusiva y plural, busca asignar por lo menos 2% del PIB anualmente a la ciencia; descentraliza las acciones y los apoyos para que toda la comunidad científica pueda participar, y crea una Banca de Desarrollo para promover y financiar investigaciones científicas y tecnológicas multianuales. A través de acciones afirmativas, integra también la perspectiva de género en la materia, incluyendo políticas públicas para el involucramiento de más niñas y jóvenes en las carreras vinculadas con las STEM.
Por último, la criminalización de quienes dedican su vida a la ciencia se profundizará. En la discusión de la nueva Ley y ante los cuestionamientos, movilizaciones y defensa que la comunidad científica hará para intentar detener el anteproyecto del Conacyt, volverán los ataques desde la mañanera y a utilizarse el discurso de que existen científicos buenos y malos, así como que las protestas buscan mantener privilegios de las élites. El conflicto entre las comunidades científicas y el Estado mexicano cada vez será más profundo y la resistencia universitaria crecerá en 2023 en medida que los embates del estado se hagan más comunes.