(ELVIS GONZÁLEZ / EFE)
Las declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric sobre el juicio a un condenado por un robo a un banco al que indultó junto a 12 convictos por delitos durante el estallido social de 2019 ocasionaron el martes molestia en el Poder Judicial y el quiebre de las negociaciones sobre un acuerdo transversal de seguridad.
La liberación de los llamados “presos de la revuelta” fue un compromiso de campaña de Boric, pero como no logró los votos del Congreso para amnistiarlos optó por indultar a 12 el viernes último al igual que a Jorge Mateluna, un exmilitante de un grupo guerrillero que combatió por las armas a la dictadura de 1973 a 1990, condenado por el asalto a un banco en 2013.
Entre los delitos por los que fueron condenados los 12 estaban homicidio frustrado, incendio, porte y lanzamiento de bombas incendiarias y saqueos.
El mandatario dijo que los 12 indultados no son delincuentes y sobre la condena a Mateluna afirmó la víspera que durante su juicio “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.
Las expresiones de Boric irritaron a la Corte Suprema que, tras una reunión extraordinaria de su pleno, recordó en un comunicado que la constitución dispone que son los tribunales de justicia los facultados para conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado.