Se cumplen 100 días de la tragedia en la mina El Pinabete de Sabinas

El miércoles 3 de agosto de 2022 era un día soleado en el exterior de la mina El Pinabete, ubicada en la comunidad Villa de Agujita del municipio de Sabinas, en la Región Carbonífera de Coahuila.

Los trabajadores, extractores de carbón mineral desarrollaban sus actividades de manera rutinaria, sin protocolos ni medidas de seguridad; no esperaban que un día que se reventara en el fondo de los túneles y los atrapara.

La mina, un pozo carbonero de extracción artesanal de mineral, no contaba con salidas de emergencia, ni cumplía con la medida básica de utilización de barrenos para prevenir posibles burbujas de gas o cuerpos de agua en el subsuelo que pudieran inundar los túneles.

15 trabajadores laboraban bajo tierra en esta empresa, cuyos propietarios se pierden entre documentos de concesiones, rentas, traspasos, representaciones legales y diversos trámites que les permiten mantenerse en el anonimato y la opacidad, para situaciones como la presente.

De manera repentina alrededor de la una y media de la tarde de ese miércoles, se reventó un dique en una de las paredes de El Pinabete a 60 metros de profundidad y en cuestión de segundos la mina se inundó. 10 mineros quedaron atrapados y murieron ahogados.

El agua procedía de otra mina vecina, llamada Concha Norte, que había sido clausurada años atrás por una inundación.

Ni El Pinabete, ni Concha Norte contaban con planos de los túneles y las excavaciones, por lo que no sabían los responsables del riesgo en el que incurrieron al hacer excavaciones en un área con agua en el subterráneo.

Otros cinco sobrevivieron, de estos, tres lograron escapar en el momento mismo de la tragedia lanzados por el agua y resultaron lesionados.

EN TEMAS LEGALES

Las autoridades federales aprendieron a Cristian "NN", como presunto propietario de la mina que violó las leyes federales de extracción de minerales y por otras irregularidades en las que operaba El Pinabete.

La agencia del Ministerio Público del fuero común, por instrucciones de la Fiscalía General del Estado, abrió también una carpeta de investigación, pero enfocada en actos delictivos del fuero común, como omisiones criminales e incluso la posibilidad del delito de homicidio.

El fiscal general del Estado, Gerardo Marquez Guevara, en su momento declaró que esperaban el rescate de los cuerpos para establecer los dictámenes y peritajes del Servicio Médico Forense, para integrar la carpeta de averiguación enfocada en la presunción de homicidio.

Sin embargo, la organización no gubernamental Familia Pasta de Conchos señaló que Cristian "NN" no es el propietario de la mina.

Cristina Auerbach, presidente de la ONG, explicó qué las mineras pequeñas utilizan un complejo esquema para ocultar las identidades reales de los dueños.

Explicó que quien aparece ante el gobierno federal como concesionario para la explotación de mineral es una persona, pero a nivel estado aparece otra como representante legal, y en algunos casos también aparece un administrador.

Ante el Seguro Social aparece una tercera persona más, como patrona, que es la que paga los salarios de los mineros. Y aparecen también documentos de renta de terreno o de traspaso de concesión para explotación del predio y extracción del mineral, por eso es muy difícil identificar de manera clara y plena al verdadero propietario y responsable del negocio.

La falta de control de la Secretaría de Economía, del Trabajo y hasta de Comisión Federal de Electricidad, comisionada para investigar en torno al número, la seguridad, la explotación de concesiones activas, el resguardo de concesiones inactivas y operatividad de minas y pozos sin permisos es pasto para que se registren accidentes como en de El Pinabete.

CARBÓN MINERAL, CARBÓN EN SANGRE

De acuerdo a las ONGs México Contra la Corrupción y Familia Pasta de Conchos, de 2000 a la fecha han fallecido en las minas de Coahuila 237 trabajadores en la extracción de carbón mineral.

El 2006 fue el más trágico en estas dos décadas y dos años con 70 muertes, 65 de ellas en la fatal explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, del Grupo Minera México.

Sin embargo, en esta sangrienta línea de tiempo también destacan el año 2000 con 18 muertos, el 2002 con 15, el 2010 con 17, el 2011 con 28, el 2012 con 25, y actualmente el 2022 con 12.

El carbón mineral térmico, también llamado Ulla, es etiquetado por muchos como "carbón rojo" por la sangre que cuesta a los mineros extraerlo de la tierra.

Las autoridades no tienen un control del número de minas a cielo abierto, subterráneas, industrializadas ni artesanales o pozos como también se les llaman.

El congreso del Estado en 2021 hizo un llamado a la Federación para que elabore una lista y tenga un control de este tipo de empresas, las cuales incumplen de manera sistemática con las normas de seguridad, como lo han evidenciado las escasas inspecciones que realizan personal de la Secretaría del trabajo y previsión social de la Federación, que deja recomendaciones para que corrijan las fallas, pero no sanciona cuando no arreglan estas.

La tragedia en febrero de 2006, cuando la explosión por gas acumulado en la mina ocho de Pasta de Conchos se registró apenas cuatro días después de que la Secretaría del trabajo y que el propio sindicato de trabajadores mineros afirmó que la inspección había resultado positiva y que el lugar era seguro para trabajar.

La empresa de un consorcio nacional era teóricamente supervisada por el gobierno federal por ser altamente visible por los volúmenes de carbón que extraía, y representaba en realidad un grave riesgo para los trabajadores.

Los pozos carboneros o minas artesanales, invisibles en muchos casos para las autoridades, representan más riesgos y son las que más vidas cobran año con año en los accidentes que sufren por la falta de seguridad.

En ningún caso se ha procedido penalmente contra los dueños o responsables de estas pequeñas empresas. No hay en prisión ningún empresario, directivo o responsable de alguna mina procesado penalmente por homicidio.

RESCATE DE LOS 10 MINEROS

El rescate de los cuerpos de los 10 mineros atrapados en la mina el Pinabete se ha suspendido en diferentes ocasiones; el Ejército se hizo cargo y buzos expertos no pudieron bajar a rescatarlos.

Brigadas de rescate especializadas de minas de daños fueron retirados del lugar. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador entregó a la Comisión Federal de Electricidad la encomienda para extraer los restos mortuorios de los 10 trabajadores del carbón.

La paraestatal no pudo cumplir con el cometido y contrató a una empresa particular, ajena a la minería del carbón, a la que le pagará 629 millones de pesos, unos 32 millones de dólares.

En contexto, el rescate de los cuerpos de los 63 mineros muertos en la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, en febrero de 2006 está presupuestado en 17.1 millones de dólares.

La premisa es que entre marzo y junio del 2023 podrían los rescatistas llegar a donde se encuentran los cuerpos de los mineros atrapados en el subsuelo; pero no hay garantía de esto.

Diferentes fechas a lo largo de más de tres meses se han iniciado y paralizado en las labores de rescate por problemas técnicos y por la falta de capacidad para extraer la totalidad del agua de los túneles pues sigue llegando procedente del subsuelo.

LAS VIUDAS

Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera el 30 de agosto declaró que a las viudas de los 10 mineros se les indemnizará con recursos económicos superiores a los marcados por la ley para este tipo de desastres.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó el pasado seis de septiembre que los familiares de los 10 mineros atrapados en El Pinabete de Sabinas, Coahuila, aceptaron la indemnización gubernamental.

4.7 millones de pesos fueron los recursos asignados para indemnizar a cada una de las viudas, con recursos del gobierno federal y no de la empresa responsable de la mina.

Los rescates fueron parados nuevamente al cumplirse 95 días de ocurrido el desastre, pero reiniciarán con la esperanza de qué para junio próximo puedan rescatar a los cuerpos de los mineros y darle cristiana sepultura.

95 días pasaron tras el derrumbe, momento en que las autoridades detuvieron el rescate.

4.7 millones de pesos fueron los recursos asignados para indemnizar a cada una de las viudas.